La Ley de Amnistía no traería el perdón directo del Estado, y sólo aplicaría para sectores vulnerables, no para delincuencia organizada ni para la función pública, indicó Juan Paulo Almazán Cue, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
El presidente del Poder Judicial señaló que de acuerdo a la lectura que ha dado a la Ley de Amnistía propuesta por el Presidente de la República, “tiene una buena finalidad”, ya que dará protección a grupos indígenas, a mujeres acusadas de aborto, a personas de bajos recursos, por ejemplo aquellas que cometen robo famélico, es decir para cubrir una necesidad de alimentación de ellos o su familia, como aquellos que son detenidos por robar un kilo de frijol u otros productos de primera necesidad, y que además cometen el delito sin violencia.
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“Lo que advierto es en grupos vulnerables y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, ya cuando hablamos de robo, si no es robo famélico, si hablamos de robo simple ya tengo mis dudas porque habría que ver la postura de todas las víctimas de un delito como es el robo”.
Almazán Cue aclaró que además, no se daría el perdón directo, sino que cada caso pasaría a revisión de un juez para determinar si aplica la amnistía, “no viene un perdón del Estado como tal, sino un análisis para ver si procede; el año pasado analizamos en revisión extraordinaria en la Huasteca casos de mala defensa a mujeres acusadas de aborto y se hizo procedimiento similar, habían sido castigadas de manera irracional”.
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