Laura Martínez pide un voto de confianza para llegar al CEEAV

Blanca Laura Martínez Belmares, aspirante a la Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas de San Luis Potosí (CEEAV), pide un voto de confianza al gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, para ocupar la titularidad del organismo que debe renovar su dirigencia este próximo domingo 15 de septiembre.

Al estar dentro de la terna de los interesados a liderar la CEEAV, acudió con el Jefe del Ejecutivo Estatal para entregarle de manera personal, su propuesta de trabajo para la dependencia que consta de diversas estrategias encaminadas a detonar el desarrollo de la institución, así como mayor capacitación para el personal, atención integral para las víctimas del delito y equilibrar el trabajo en las cuatro zonas del Estado.

“Acudí, para darle la información de mi proyecto de trabajo, mi comprobación de preparación profesional y mi probanza sobre el trabajo que he desarrollado desde hace muchos años con la comunidad potosina, que incluso me llevaron a que en el 2019 recibiera de manos del señor Gobernador, Juan Manuel Carreras López el premio Mujer Potosina 2019 Zona Altiplano en el ámbito de Asistencia social y Derechos Humanos”.

La oriunda de Villa de Guadalupe, lleva décadas acompañando a víctimas de feminicidio, discriminación, racismo, lo ha hecho porque ha vivido en carne propia crímenes de odio y ha querido ayudar a quienes no tienen las herramientas para defenderse cuando son vulnerados por la propia sociedad y desde las mismas instituciones.

“No podemos permitir la normalización del delito, la discriminación, el racismo, la violencia, tiene nombres y apellidos; ha faltado puntualizar a los verdugos y se puede hacer mediante el trabajo duro, de a pie, con dialogo, con medidas activas como la educación, la prevención, la promoción y fomento a la igualdad de derechos y oportunidades”.

Blanca Laura Martínez Belmares, es aspirante a la CEEAV, y en este interés por dirigir la dependencia ha sido acompañada por diversas líderes de organizaciones sociales en el Estado que están interesadas en una reingeniería de este organismo para potencializar la ayuda a las personas que han sido víctimas del delito.