El Juez Primero de Distrito declaró cumplida la sentencia de amparo que obligaba a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) a medir la calidad del aire, sin embargo el presidente de la asociación Cambio de Ruta, Luis González Lozano, y promotor del amparo, adelantó que recurrirán la sentencia.
En septiembre del año pasado el juzgado otorgó el amparo que promovió la asociación Cambio de Ruta por: omisión de monitorear la calidad del aire; la omisión de generar políticas públicas adecuadas para el monitoreo, registro y tratamiento de la calidad del aire; omisión de brindar información cierta y confiable a la ciudadanía respecto a la calidad del aire; y la omisión de fomentar la educación y la cultura ambiental en la sociedad.
Con ello, se instruyó al gobernador del estado: dar seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo en el eje que contempla los programas tendientes a lograr un medio ambiente sano, en especial lo concerniente a calidad del aire; acreditar seguimiento a los programas en mención; valorar los resultados de dichos programas; establecer un método eficaz de medición y verificación de la calidad del aire.
Mientras que a la Segam le instruyó: implementar los objetivos y estrategias relacionados con la prevención, medición y saneamiento de la calidad del aire; reportar, acreditar y dar seguimiento a los resultados de tales programas; y conducir las acciones necesarias para el monitoreo efectivo o de medición de calidad del aire.
En base a documentación entregada por la dependencia estatal, el juzgado consideró que con ello quedaron demostradas las actuaciones de las autoridades responsables encaminadas a lograr las metas trazadas en el Plan Estatal de Desarrollo en materia de calidad del aire, por lo que “en el caso se estima que se encuentran cumplidos los efectos para los que fue otorgada la protección constitucional”.
Al respecto, Lozano González indicó que “respetamos la decisión judicial pero no somos conformes con ella, por lo que recurriremos e incluso llevaremos el asunto a organismos internacionales de Derechos Humanos”, ya que a su parecer, la dependencia no cumple con su obligación de medir la calidad del aire y darla a conocer a los potosinos para éstos tomen precauciones cuando es necesario.
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