Jornaleros, expuestos a explotación al no conocer sus derechos

En San Luis Potosí hay más de 20 mil personas dedicadas al jornal agrícola, y muchos de ellos desconocen sus derechos, por lo que están expuestas a sufrir malas condiciones de trabajo e incluso caer en la explotación laboral o trata de personas, advirtió Mayela Blanco Ramírez, investigadora del área de Derecho al Trabajo del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, A.C. (CECIG).

La investigadora señaló que falta mucho por hacer para mejorar las condiciones de los jornaleros agrícolas, pues por ejemplo, no existe un censo certero respecto a la cantidad de personas que se dedican a esta labor, incluso en esta administración federal desapareció el programa de jornaleros que dependía de la Sedesol y ayudaba a dar una idea de cuántas personas trabajaban en este sector.

Local

Derechos de la niñez y adolescentes a salvo en SLP: DIF

Indicó que el último censo que se hizo mediante dicho programa fue en 2009 y la última actualización en 2014, lo que representa casi 10 años sin un registro adecuado; de acuerdo a datos de dicho programa, en San Luis Potosí había alrededor de 25 mil jornaleros agrícolas.

Manifestó que el CECIG ha identificado que las autoridades en el estado no les han dado capacitación a los jornaleros agrícolas para que conozcan sus derechos laborales y a qué instancias pueden recurrir para así evitar que sean víctima de explotación laboral; entre los principales elementos que deben conocer están: nombre del patrón, nombre de la empresa, cuántas horas y en qué horario van a laborar, qué salario van a recibir, y sobre todo, que cuenten con contrato en español y por escrito, “la mayoría de los jornaleros que están en San Luis Potosí no cuentan con contrato de trabajo, sólo tienen un acuerdo verbal”.

Blanco Ramírez denunció que en San Luis Potosí hay jornaleros agrícolas que duermen en cajas de cartón o en colchones con chinches, entre otras condiciones precarias, pero muchos de ellos prefieren no denunciar por temor a que en la siguiente temporada ya no les den empleo, por lo que las autoridades deben garantizar que conozcan sus derechos y realizar inspecciones para verificar las condiciones de trabajo, de vida, educación y de salud en los ranchos agrícolas.