Solamente uno de los cinco municipios de la Huasteca potosina, donde Pemex pretende aplicar el fracking, se ha declarado libre de esta práctica para la extracción de hidrocarburos.
Rafael Reyes Martínez, habitante de la comunidad La Garza, hablante de la lengua tének en Tancanhuitz, precisó que a mediados de marzo Pemex hizo la solicitud a los municipios de Tanlajás, San Antonio, Tanquián, San Vicente y Ébano para que se autorice el resguardo de explosivos con la intención de aplicar el fracking para la extracción de hidrocarburos.
A raíz de ello, las comunidades indígenas han comenzado a organizarse e informarse para poder pronunciarse al respecto a pesar de que no han sido consultados por la paraestatal, y en su mayoría han coincidido en oponerse al fracking, ya que recordó, esta práctica consume más de 9 millones de litros de agua, considerada por los pueblos indígenas como algo sagrado porque de ella emana la vida.
Señaló que de los cinco municipios que recibieron solicitud de Pemex para el resguardo de explosivos, únicamente en San Antonio se convocó a las autoridades comunitarias para exponerles el tema, “y la asamblea manifestó que no avalan y no van a dar consentimiento a que se resguarden explosivos”.
Por ello, destacó que las comunidades indígenas han tenido que organizarse por su propia cuenta, y “a base de la movilización de las comunidades se le está exigiendo al municipio declararse libre de fracking”.
Por lo pronto, los municipios que se han declarado libres de fracking a través de actas de Cabildo son Tancanhuitz, Ciudad Valles, Tanlajás y Xilitla. Agregó que esas actas de Cabildo son reforzadas por los pueblos indígenas con leyes internacionales que protegen sus derechos, sobre todo el derecho a la consulta, y además fortalecen a las comunidades con talleres agrarios para conocer los derechos agrarios sobre los bienes ejidales y comunales.
Reyes Martínez indicó que hay algunos casos en donde las autoridades municipales argumentan desconocimiento “o a lo mejor hay intereses de por medio, yo pienso que un servidor público que está al frente de un municipio tiene que estar informado de todas las reformas estructurales que han surgido en el país, y sobre todo de las cosas que van a afectar directamente a las comunidades indígenas”.