La discriminación por la apariencia de una persona “es un tema del siglo pasado y que no debiéramos estar poniendo en la escena pública en el siglo XXI”, indicó Ulises Valencia Gordillo, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en referencia a la polémica que se ha generado en torno a Pedro Carrizales “El Mijis”, futuro diputado local.
Ante los resultados de la jornada electoral que le dan el triunfo a Pedro Carrizales, han comenzado a publicarse cuestionamientos hacia la persona de este futuro diputado, incluso en medios nacionales, ya que tienen antecedentes penales por robo, allanamiento de morada, daños y estuvo preso 2 meses por herir a balazos a cuatro personas, él mismo ha señalado su pasado como chavo banda y ha trabajado con este sector de la sociedad para reencaminar a los jóvenes.
Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos recordó que está prohibido discriminar a alguien en este país por cuestiones ya sea de índole racial, sexual, económicas, de lengua, e inclusive por la modificación corporal como son los tatuajes, “es un tema del siglo pasado y que no debiéramos estar poniendo en la escena pública en el siglo XXI, no un Estado que se precie o que tienda ser democrático como el Estado Mexicano”.
Mencionó que “sería inaceptable” que haya discriminación, y aunque reconoció que pueden existir prejuicios de personas que no están de acuerdo con los tatuajes, “desde el gobierno del Estado no fomentaremos ni permitiremos que una persona, fuera o no diputado, fuera discriminado por usar tatuajes”.
Respecto al tema de los antecedentes penales, Valencia Gordillo dijo desconocer si Pedro Carrizales los tiene, sin embargo destacó que “si el joven, la persona, la mujer, o quien haya sido, no tiene una sentencia firme definitiva de un tribunal que lo haya sentenciado, no pueden considerarse antecedentes penales importantes; y aún cuando haya sido compurgado, sentenciado con una sentencia firme y definitiva, tiene derecho a la rehabilitación”.
Comentó que al parecer, el futuro diputado no tuvo una sentencia firme, “por lo tanto esos antecedentes no alcanzan para privarlo de sus derechos políticos, entre ellos ejercer un cargo de elección popular”.
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