Son viables las iniciativas que hay en el Congreso del Estado para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo, concluyeron en un foro realizado este martes en el Legislativo, aunque sólo acudieron cuatro de los 27 diputados locales, situación que reprocharon activistas.
En un foro convocado por la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, se analizó el sustento jurídico para la legalización del aborto, donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió su postura a favor del respeto a los derechos de la mujer y a favor de la vida de mujeres y niñas que se someten a abortos en condiciones insalubres que ponen en riesgo su salud y su vida por no estar legalizado.
La secretaria técnica de la CEDH, Julieta Moreno, señaló que los Servicios de Salud deben garantizar la atención integral a las mujeres que deseen practicarse un aborto voluntario, y además aplicar una política integral para el ejercicio de los derechos reproductivos otorgando métodos anticonceptivos, “se comparó las iniciativas con tratados internacionales y son coincidentes en que es necesaria la despenalización y se otorguen los servicios a las mujeres”.
Aparte, Karen Luna, investigadora jurídica de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), manifestó que entre 2007 y 2016, 4 mil personas fueron denunciadas por aborto en el país, y no sólo fueron mujeres sino también médicos, y lamentó que grupos pro vida realicen campañas para desinformar y asustar a la población, por lo que llamó a esos grupos a que escuchen a las mujeres que han sido criminalizadas.
También el Instituto de las Mujeres del Estado (IMES) y el Centro de Justicia para Mujeres (CJM) emitieron su postura a favor de la aprobación de las iniciativas para despenalizar el aborto, sin embargo en el foro al que fueron invitados los 27 diputados locales, sólo estuvieron cuatro presentes: Marite Hernández Correa, Angélica Mendoza, Alejandra Valdés, y Martha Barajas.
Al respecto, la investigadora Urenda Queltzú Navarro destacó que “las ausencias dicen mucho, dicen bastante en el sentido de ni siquiera acercarse a escuchar”, agregó que los diputados como representantes populares tienen la obligación de garantizar los derechos de las personas, en este caso de las mujeres, por lo que en caso de no aprobar las iniciativas abrirían la posibilidad de iniciar procedimientos en su contra.
En su caso, Sofía Córdova, integrante de Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac), señaló que “el hecho de que no estén presentes da cuenta de lo que significa y el valor que le dan a los argumentos jurídicos para legislar”, lamentó que los diputados no se hayan acercado a escuchar los elementos que les pusieron “en bandeja de plata” asociaciones civiles e instituciones y privilegien beneficios personales en su vida política, por lo que los invitó “pónganse a leer, vergüenza será que la ignorancia e irresponsabilidad caractericen a su Legislatura”.
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