Es necesario crear un Comité de Vigilancia para estudios de investigación en salud, a fin vigilar y salvaguardar la integridad física, mental y emocional de aquellas personas que acepten participar en proyectos de investigación.
A través de una iniciativa de reforma a la Ley de Salud en el Estado, la diputada Angélica Mendoza Camacho propuso que “las investigaciones provenientes de otro estado o país y que requieran ser ejecutados en territorio del estado deberán ser sometidos a evaluación técnica y en su caso aprobados por un comité de ética e investigación local registrado ante la Comisión Nacional de Bioética, además de contar con lo establecido en la fracción anterior.
Deberá ser reportado al Comité de Vigilancia para Estudios de Investigación de Salud para su registro y monitoreo. Todo esto con la finalidad de salvaguardar la protección de los participantes en estudio de investigación”.
Se incluye en el artículo 85, “Para vigilar la observancia de las anteriores disposiciones, la Secretaría de Salud del Estado deberá integrar el Comité de Vigilancia para Estudios de Investigación de Salud a través de la Comisión Estatal de Bioética para garantizar que los estudios y actividades de investigación que se desarrollen en el estado cuenten con la calidad científica y ética para la protección de las personas participantes en los protocolos de investigación”.
Indica en su exposición de motivos que es imprescindible que se realice seguimiento a este tipo de estudios, que pueden estar vulnerando los derechos de las comunidades, o que pudieran implicar un grave riesgo al no contar con una respuesta inmediata por el investigador o la institución responsable de la atención en salud, si la investigación produjera algún daño o efecto indeseable o irreparable
Señala que pese a los esfuerzos realizados por los Comités de Ética e Investigación en Salud (CEIS), de asegurar la integridad de los sujetos de investigación, se ha detectado por parte de la Comisión Estatal de Bioética, que ciertos proyectos de investigación son autorizados por un CIES de otro estado, acuden a San Luis Potosí a recabar participantes sin enterar a las instancias de salud estatales correspondientes y sin garantizar la protección de la persona en caso de que existiera riesgo a la salud física, mental, así como su percepción socio-cultural relacionada a la salud, cuando implique el estudio de datos sensibles.