El impacto de la modificación en el ejercicio de los recursos del Fondo Minero sería de más de 100 millones de pesos para la entidad potosina.
Entre los cambios generados por la administración de Andrés Manuel López Obrador para que el recurso llegue sin intermediarios a los ciudadanos, está la nueva forma de ejercer los recursos del Fondo Minero, que ahora serán asignados desde la federación a las sociedades de padres de familia para la rehabilitación de escuelas. Esto provocó que varios municipios en el país, entre ellos Cerro de San Pedro, Charcas, Guadálcazar, Villa de la Paz y Villa de Zaragoza, se ampararan.
Anteriormente la Secretaría de Economía asignaba los recursos del Fondo Minero de acuerdo al registro estadístico de producción minera en cada región; la distribución era de 20% del recurso para la federación, 30% para el gobierno estatal, y 50% para los municipios con actividad minera, que podían aplicarlo en infraestructura social.
De esta manera, en 2016 San Luis Potosí recibió 111 millones 026 mil 943.31 pesos, de los cuales 41 millones 635 mil 103.73 pesos fueron asignados al gobierno estatal, y 69 millones 391 mil 839.58 pesos a los municipios. Para 2017 el recurso se incrementó a 117 millones 819 mil 867.84 pesos, de los cuales 44 millones 182 mil 450.43 pesos fueron para el gobierno estatal y 73 millones 637 mil 417.41 pesos para los municipios.
La distribución entre los nueve municipios con producción minera fue la siguiente: Cerro De San Pedro $6,183,856.83, Charcas $18,705,462.82, Guadalcázar $184,628.96, San Nicolás Tolentino $217,731.60, Santa María del Río $224.85, Santo Domingo $1,111,153.19, Villa de la Paz $32,964,869.72, Villa Juárez $702,143.06 y Villa de Zaragoza $13,567,346.38.
Tanto el Gobierno del Estado como los ayuntamientos recibieron la autorización para la aplicación de esos recursos en diversos proyectos, por ejemplo el gobierno estatal aplicó una parte en la rehabilitación de la calle Guerrero en el Centro Histórico de la Capital; esos serían los últimos recursos ejercidos a voluntad por los municipios y el gobierno estatal.