Fincaría Pensiones responsabilidad por pasivos

La Dirección de Pensiones en el Estado enfrenta pasivos por mil 200 millones de pesos, la pasada administración estatal no enteró acerca de las retenciones realizadas a trabajadoras y trabajadores ni del recurso presupuestado para la dependencia.

Lo anterior es parte de malos manejos y omisiones, acciones por las que pudieran ser fincadas responsabilidades administrativas y penales, advirtió el titular de la dependencia, Jorge Alberto Escudero Villa.

El funcionario estatal consideró que esta es una de las causas por las que la presente administración estatal atraviesa por una difícil situación financiera “por la forma en que dejaron la dependencia y las graves anomalías en que incurrieron las pasadas administraciones gubernamentales”.

Explicó que han sido detectadas retenciones de diversa índole, que no fueron reportadas a la Dirección de Pensiones, así como la falta de entrega del recurso presupuestado para la dependencia.

Otra situación que ha contribuido al difícil escenario financiero en el que se encuentra la Dirección de Pensiones, añadió, es el hecho de que no se llevaron a cabo las reformas legislativas necesarias, específicamente en el Fondo de Pensiones de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no obstante que desde 2014 se preveía el inminente agotamiento de los recursos de este.

Esto ha quedado al descubierto, recordó, desde del proceso de entrega-recepción de los recursos públicos del estado; además de las auditorías y estudios actuariales realizados, estudios que arrojan ese pasivo de más de mil 200 millones de pesos. Calificó la situación como “sumamente delicada”, para cuyo rescate se trabaja a través de acciones interinstitucionales con las dependencias involucradas.

Estos actos que se llevaron a cabo a través de los años pueden incluso hoy implicar responsabilidades administrativas y penales”, reiteró.

Finalmente Escudero Villa reveló que ha recibido instrucciones específicas “para que se implementen las acciones necesarias que garanticen las pensiones de las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, de la mano de las dirigencias sindicales que conforman la Junta Directiva de la Dirección General de Pensiones, en un marco de respeto y transparencia en la toma de decisiones”.

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