Será la Fiscalía General de la República (FGR) la que investigue el feminicidio de Karla del Carmen Pontigo Lucciotto, ya que se encontró conflicto de intereses en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Este jueves, Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho Democrático, y Amnistía Internacional México, dos de las asociaciones que han dado acompañamiento a la familia Lucciotto para exigir justicia para Karla, informaron que la FGR atrajo la investigación de este feminicidio.
Lo anterior después de que hace cinco meses el Juzgado Primero de Distrito determinó que existe conflicto de intereses en la FGE, toda vez que en la primera investigación que se realizó en torno a la muerte de Karla, el hoy fiscal José Luis Ruiz Contreras fungía como secretario particular del entonces Procurador General de Justicia del Estado.
Aunado a ello, el juez que calificó el hecho como un homicidio por culpa, es decir sin intención o por accidente, fue Julián Ruiz Contreras, hermano de quien hoy es fiscal del estado; en la resolución del juzgado señala que estos hechos son suficientes para determinar que hay conflicto de intereses "pues cabe recordar que uno de los efectos de la concesión de amparo establecido por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, consiste en que se inicien los procedimientos necesarios para sancionar administrativa o incluso penalmente, a las autoridades intervinientes por su actividad irregular".
A casi 10 años del feminicidio, para Esperanza Lucciotto esta acción representa "una luz y otro camino que se abre para que podamos saber qué fue lo que pasó, para que podamos tener justicia".
Las asociaciones también hicieron un llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, "a que garantice la implementación total de las medidas de protección en favor de la familia Pontigo Lucciotto y recordamos al Gobierno del Estado que es su obligación de San Luis Potosí que es su obligación salvaguardar la vida e integridad de la familia Lucciotto".
Además recordaron que desde 2015 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación por las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la familia, en la cual se ordena la reparación integral del daño, la cual no se ha cumplido al 100%, por lo que lamentaron que el gobernador Ricardo Gallardo "no ha mostrado interés alguno para que dichas víctimas obtengan justicia, verdad y reparación".
Así mismo, apuntaron que si bien el caso fue atraído por la FGR, esto no exime a la FGE de su responsabilidad de continuar con el fortalecimiento de la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género, para que pueda investigar otros casos de muertes violentas de mujeres y traer justicia a las víctimas y sus familias.