En sesión de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, fueron aprobadas modificaciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, a fin de que la Fiscalía General del Estado establezca protocolos especializados para la investigación de hechos de violencia de género y de desaparición de mujeres y niñas.
El diputado Pedro César Carrizales Becerra, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, indicó que con esta reforma se incluyen protocolos de investigación especializados, que si bien ya se realizan por parte de la autoridad para la búsqueda de mujeres reportadas como desaparecidas, ahora se incluye como parte sustantiva de sus obligaciones.
“Es un término que no estaba en la ley, si bien la Fiscalía toma en cuenta el protocolo de búsqueda, ahora al incluirlo se le da la garantía a las mujeres que sean reportadas como desaparecidas que se implemente un protocolo al momento y no se tengan que esperar largo tiempo”, indicó el legislador.
En el mismo sentido, la diputada Alejandra Valdés, quien es promotora de esta iniciativa, indicó que a pesar de que no se le dio el nombre de Protocolo Alba, en esencia se mantiene el rango de actuación de la autoridad para atender los casos de desaparición de mujeres y niñas.
“El protocolo queda tal cual, la Fiscalía está trabajando ya con algunos aspectos y esto viene a enriquecer el trabajo porque ya estará en la ley para iniciar con los trabajos de investigación desde el momento en que exista una denuncia de desaparición, se empiece la búsqueda sin dilación, no importa el nombre sino la esencia”.
El dictamen respectivo será turnado para votación en una próxima sesión ordinaria.
Además, en la sesión de comisión se aprobó la reforma a diversos artículos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, a fin de establecer una armonización legislativa de conformidad con los principios de no discriminación, transversalidad e igualdad sustantiva, reducir las brechas de desigualdad en el ámbito laboral con la implementación de una cultura institucional, y se generen criterios para que las autoridades puedan cumplir con sus obligaciones. El dictamen respectivo será turnado a consideración del pleno para su votación
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