Ha faltado apertura de las instituciones públicas para aceptar la colaboración de la ciudadanía, indicó Rogelio Córdova Nava, director general de Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac).
Este jueves, Educiac presentó los resultados de su proyecto Auditoría Social y Garantía de los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales), que se trabajó en tres ejes: formación, acciones de auditoría y acciones de incidencia en políticas públicas.
Córdova Nava explicó que en el eje de formación, se brindaron talleres en los municipios de Matehuala, Ciudad Valles, Rioverde y la Capital potosina, para que los ciudadanos sepan lo que es una auditoría social y cómo realizarla, además de que hubo un diplomado para funcionarios.
En el eje de acciones de auditoría, se auditaron dos programas, que fueron el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Sepasev), y el Programa Estatal de Derechos Humanos; en el primero se detectó que hace falta articulación entre las instituciones implicadas, además de que sólo se ha concentrado el trabajo en el Instituto de las Mujeres y en la Fiscalía, mientras que en el segundo, no hay indicadores claros respecto a sus funciones y de la o las personas responsables, además de que no se han incluido aportaciones que hizo la ciudadanía.
Así mismo, fueron apoyadas cuatro organizaciones que habían tomado el diplomado de formación, para que a su vez, realizaran auditorías; las asociaciones fueron: Desarrollo Rural, que trabajó con contralores sociales en el municipio de Aquismón; Juntos, que abordó el tema de empoderamiento de mujeres con discapacidad; Otra Oportunidad, que investigó la atención que se da a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia; y Renace, que estudió la viabilidad de los tribunales de adicciones. Cada asociación presentó ya los resultados de su auditoría.
Al respecto, Córdova Nava mencionó que estos resultados también serán dados a conocer a cada institución implicada en los proyectos de Educiac y del resto de las asociaciones, aunque reconoció que ha sido complicado cambiar la visión de las auditorías por parte de las autoridades, “cuando hablamos de auditoría pensamos que es una amenaza”.
Manifestó que incluso en el desarrollo de las investigaciones, se tuvieron complicaciones para obtener información, por ejemplo de la Secretaría General de Gobierno y de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, y reconoció que “ha costado capacitar” a los funcionarios para que vean en las auditorías sociales, una oportunidad de colaboración con la ciudadanía.
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