“No vamos a sacrificar a nadie, pero tenemos que responder jurídicamente a esta acción porque para mí es un acto grave…”, dijo ayer el ex secretario general del Ayuntamiento de la capital, Marco Antonio Aranda Martínez, al denunciar la falsificación de su firma en más de una veintena de documentos, relacionados con contratos de comodato de purificadoras que operaron en la anterior administración.
A su vez, el oficial Mayor, Óscar Valle Portilla, denunció supuestas anomalías en las purificadoras, entre ellas la adquisición de equipo a un sobreprecio de hasta 40 por ciento más, así como falta de transparencia en contratos con locales y entre quienes los operaban.
En conferencia de prensa realizada en la Unidad Administrativa Municipal, Aranda Martínez aseguró que no es su firma en los contratos de comodato que se realizaron con diversos establecimientos para el funcionamiento de dichas purificadoras. “Se estará viendo qué se hace con esas falsificaciones y vamos a llegar a las últimas consecuencias”, aseveró el ex funcionario.
Por su parte, Valle Portilla dijo que el actual Gobierno municipal planeaba dar seguimiento a este programa social, pero ante la negativa por parte de los propietarios de los locales o viviendas en donde se ubican las purificadoras de transparentar esta actividad y de firmar un contrato para darle legalidad, se analizarán otras opciones.
Detalló que de acuerdo al último informe presentado por la pasada gestión municipal, se adquirió equipo para cuatro purificadoras, cuyo costo fue valuado en más de 252 mil pesos; no obstante, al hacer una cuantificación actualizada el costo apenas rebasa los 149 mil pesos, es decir, se compró el equipamiento por arriba del 40 por ciento.
Asimismo reveló que no se tiene registro del pago por concepto de agua por parte de las purificadoras que en su momento operaron durante el trienio pasado, entre otras anomalías.
Mientras tanto, el director de Desarrollo Social, Claudio Víctor Ferrer Marín, recordó que la anterior administración dio en comodato los equipos de las purificadoras a quienes las operaban en locales, por lo que el actual Ayuntamiento solicitó la devolución por ser parte del patrimonio municipal.
Adicionalmente, se trató de rentar los referidos establecimientos, pero la renta que solicitaron está muy por arriba de los costos que se manejan para las zonas en las que se ubican; además, no quisieron firmar un contrato.