/ domingo 13 de diciembre de 2020

En SLP no se denuncia la corrupción y ésta aumenta

El diputado del PAN Rubén Guajardo dijo que es una vergüenza no tener todavía Fiscal Anticorrupción

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado diputado Rubén Guajardo Barrera, afirmó que “es una vergüenza nacional que San Luis Potosí sea destacado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por no tener Fiscal Anticorrupción”.

Además, “somos el sexto estado de la República Mexicana con mayor porcentaje de personas que no denunció su victimización por este cáncer social”.

Destacó que 16 de cada 100 potosinos son víctimas de corrupción, por experiencias que involucran contacto con autoridades de seguridad pública, hacer gestiones relacionadas con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público, a veces con una prevalencia de 59.2 por ciento, pero además porque muchos de sus funcionarios no han aprobado los exámenes de Control y Confianza.

“San Luis Potosí ha fallado al país entero debido a que no ha podido llevar a cabo a plenitud sus políticas para combatir la corrupción, por no contar con herramientas para el seguimiento y monitoreo del avance en su Sistema Anticorrupción, además porque 75.9 por ciento de los municipios del Estado, no cuenta con un plan o programa municipal anticorrupción”.

En las empresas, industrias y servicios, también aumentó este problema lo que abona a la prevalencia de delitos como el soborno y la dádiva “a una sola empresa le toca gastar 12 mil 770 pesos para participar en las clásicas mordidas, mientras que a un ciudadano común y corriente le toca desembolsar 3 mil 822 pesos, estos datos dejan en claro un serio problema de justicia en la entidad, entonces nos percatamos que no es vano que a nuestra ciudadanía le cueste confiar en la policía, jueces, ministerios públicos y servidores públicos”.

Rubén Guajardo Barrera, mencionó las razones por las que los potosinos no denuncian actos de corrupción y obedecen a que consideran que es un acto inútil, porque es una pérdida de tiempo, por falta de tiempo, porque la corrupción es una práctica común, porque obtuvo un beneficio, por miedo a represalias, porque no sabe ante quién denunciar o porque dio dinero regalos u otro motivo.

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El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado diputado Rubén Guajardo Barrera, afirmó que “es una vergüenza nacional que San Luis Potosí sea destacado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por no tener Fiscal Anticorrupción”.

Además, “somos el sexto estado de la República Mexicana con mayor porcentaje de personas que no denunció su victimización por este cáncer social”.

Destacó que 16 de cada 100 potosinos son víctimas de corrupción, por experiencias que involucran contacto con autoridades de seguridad pública, hacer gestiones relacionadas con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público, a veces con una prevalencia de 59.2 por ciento, pero además porque muchos de sus funcionarios no han aprobado los exámenes de Control y Confianza.

“San Luis Potosí ha fallado al país entero debido a que no ha podido llevar a cabo a plenitud sus políticas para combatir la corrupción, por no contar con herramientas para el seguimiento y monitoreo del avance en su Sistema Anticorrupción, además porque 75.9 por ciento de los municipios del Estado, no cuenta con un plan o programa municipal anticorrupción”.

En las empresas, industrias y servicios, también aumentó este problema lo que abona a la prevalencia de delitos como el soborno y la dádiva “a una sola empresa le toca gastar 12 mil 770 pesos para participar en las clásicas mordidas, mientras que a un ciudadano común y corriente le toca desembolsar 3 mil 822 pesos, estos datos dejan en claro un serio problema de justicia en la entidad, entonces nos percatamos que no es vano que a nuestra ciudadanía le cueste confiar en la policía, jueces, ministerios públicos y servidores públicos”.

Rubén Guajardo Barrera, mencionó las razones por las que los potosinos no denuncian actos de corrupción y obedecen a que consideran que es un acto inútil, porque es una pérdida de tiempo, por falta de tiempo, porque la corrupción es una práctica común, porque obtuvo un beneficio, por miedo a represalias, porque no sabe ante quién denunciar o porque dio dinero regalos u otro motivo.

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