En Constitución de 1917 se intentó establecer elección de magistrados por elección popular

Este jueves se llevó a cabo el foro Diálogos de la BMA sobre la Reforma Judicial, en coordinación con la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, en la cual participaron como ponentes el magistrado Juan Paulo Almazán Cue, ex presidente del Supremo tribunal de Justicia del Estado; Jorge Chessal Palau, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados; y Alejandro Díaz de León Mirabal, ex presidente de la BMA Capítulo San Luis.

En su intervención como funcionario judicial, Almazán Cue recordó que ya en la Constitución de 1917 se había intentado establecer la elección de magistrados mediante elección popular, sin embargo en aquel entonces se aclaró que un magistrado no es igual a un diputado o senador, ya que su función no es representar a alguien, además de que no lleva el criterio del elector, sino el suyo propio, inclusive destacó que las decisiones de los jueces pocas veces son populares.

Aclaró que la elección mediante voto popular no va a generar un cambio en la impartición de justicia en el país, ya que quien llegue al cargo tendrá las mismas herramientas para juzgar, como son las normas, leyes nacionales y tratados internacionales, y esos no van a modificarse. Reconoció que el Poder Judicial sí necesita un cambio, sin embargo destacó que no en la elección de magistrados, sino en otros aspectos, por ejemplo, hacer más entendible para la ciudadanía, digitalizar sus procesos, hacerla más cercana a la gente.

También señaló que “a diario se reciben descargas de metralla en contra del Poder Judicial” a través de las opiniones que se emiten desde el Ejecutivo federal en su contra, por lo que la opinión de la población está influida de manera negativa por esos comentarios y en realidad desconoce todos los filtros y preparación que debe pasar una persona para llegar al cago de juez o magistrado. Además, apuntó que los impartidores de justicia actúan con las herramientas que el Legislativo y Ejecutivo le proveen a través de las leyes que generan.

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En su caso, Alejandro Díaz de León Mirabal, destacó que la elección de jueces y magistrados a través del voto popular no es el único punto preocupante en la reforma, sino el control que se busca tener sobre los jueces y magistrados, ya que serán supervisados por un Tribunal de Disciplina Judicial que también será elegido por voto popular y tendrá la facultad para investigar y sancionar a quienes considere que cometen hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, conductas que quedan bajo la subjetividad del tribunal.

Además recordó que la reforma alcanzará también a los poderes judiciales de los estados a más tardar en 2025.

Mencionó que si bien es prácticamente inminente la aprobación de la reforma, hay otras opciones que se pueden explorar para echarla abajo, primero sería la impugnación de la sobre representación de la 4T en la Cámara de Diputados, inclusive se puede recurrir a tribunales internacionales en donde órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede emitir medidas cautelares o provisionales, por ejemplo recordó casos como el de Perú y Venezuela donde han intervenido órganos internacionales.

Mientras que Chessal Palau, también se refirió a los criterios para elegir a los jueces y magistrados, donde se incluirán aspectos como presentar cinco cartas de recomendación de vecinos y las calificaciones obtenidas al cursar la carrera en la especialidad en la que se postulen, sobre lo cual aclaró que una calificación no es garantía de que una persona tenga buen desempeño.

Así mismo, la reforma justifica que no hay independencia en el Poder Judicial, sin embargo pretende coartar la autonomía de este poder, por lo que resulta contradictoria; indicó que en caso de buscar la democratización de la justicia se pudo recurrir a otras modificaciones, por ejemplo la implementación del juicio de jurados.