Empresas establecidas en la zona industrial, se niegan a contratar personas con VIH; de manera “mañosa” los obligan a realizarse la prueba, violando la Norma 010 que establece, que estos exámenes médicos, deben ser “voluntarios, gratuitos y confidenciales”. La Asociación Civil, “Amigos Potosinos de Lucha contra el SIDA”, tiene documentados al menos 10 casos de discriminación.
Andrés Costilla Castro, integrante del organismo, destacó que lamentablemente son pocos los casos de discriminación que se denuncian y a los que se les da seguimiento, debido a la burocratización y falta de capacitación de las autoridades de procuración de justicia.
El Ministerio Público, explicó, ni siquiera cuenta con los protocolos de atención, desconocen lo que se detalla dentro del código penal, no están capacitados para enfrentar un caso de segregación, tipificado como delito, y además existe una burocracia “terrible”.
“Hubo una persona que presentó una denuncia por despido injustificado, esa persona la metió y no sabían cómo establecer la demanda, yo en lo que va del año he documentado al menos 10 casos de discriminación en relación laboral, que muchos lamentablemente no terminan en denuncia”.
Aunado a ello, indicó, las personas que padecen esta enfermedad, enfrentan problemas por el estigma social y la carencia económica, como para todavía enfrentarse a un sistema judicial, retrograda y una enorme carencia de derechos humanos, remarcó.
Los casos de discriminación laboral para personas con VIH, dijo, se detectan principalmente en compañías de la zona industrial, en donde continua prevaleciendo la “mala práctica” de solicitar la prueba de SIDA, cuando ésta, por ley, se realiza voluntariamente.
“Hay un problema grave con las personas portadoras del virus, es un tema de discriminación, es una mala práctica que hay en la iniciativa privada, de todavía solicitar la prueba de VIH como un requisito para pedir trabajo, ellos están vulnerando la norma 010, que establece que la prueba debe ser voluntaria, gratuita y confidencial”.
Aseguró que de manera “mañosa”, dentro de los requisitos que los trabajadores tienen que firmar, “les piden permiso”, para realizarles esta serie de estudios; esto no debería ser condicionante para darles trabajo, porque, vulnera, atenta y discrimina, a las personas bajo esa condición, reiteró.
Indicó que en San Luis Potosí ya se debe de contar con un protocolo contra la discriminación, y un consejo estatal para prevenirla, además de contar con una serie de acciones, entre ellas, las de entrenar al poder judicial para este tipo de casos.
También urge, que la Secretaría de Trabajo, en coordinación con la Secretaría de Salud, lleven a cabo un entrenamiento, a directivos y quienes perfilan los requisitos en manejo del personal en la zona industrial y otras empresas, para que este tipo de prácticas sean erradicadas.
Recordó el caso de una denuncia que se ganó contra una empresa departamental por un despido injustificado, y lamentó que la gente no denuncie, por la falta de apoyo de las autoridades.
“Por eso esa ausencia que tenemos a nivel estructural, no tenemos un consejo estatal para prevenir la discriminación, no hay recursos, tenemos una ley, si, que bonita es esta ley, pero no hay recursos ni una institución que lo opere”.
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