Empresas “fantasma” del Congreso del Estado, facturaron más de 2 millones de pesos correspondientes a gastos de informes legislativos; son los mismos proveedores, que diputados locales utilizaron, para comprobar supuestos apoyos sociales.
La Asociación Civil “Ciudadanos Observando”, detectó que al menos 15, de los 27 diputados que conforman el Congreso Local, utilizaron compañías simuladoras para comprobar el desvío de 2 millones 250 mil pesos, que aparentemente utilizaron en la compra de folletos, revistas, bebidas alcohólicas y tamales.
En rueda de prensa, José Guadalupe González, Luis Tristán y Héctor Gámez, integrantes de la organización, dieron a conocer que entre la lista de diputados que incurrieron en este delito, figuran los nombres de: Esther Angélica Martínez Cárdenas, José Luis Romero Calzada y María Rebeca Terán Guevara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sergio Desfassiux Cabello y María Graciela Gaitán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Jesús Cardona Mireles, de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y José Belmárez Herrera, del Partido del Trabajo (PT). Además de, Mariano Niño Martínez, Jorge Luis Díaz Salinas y Héctor Mendizábal Pérez, del Partido Acción Nacional (PAN).
Este tipo de prácticas ilícitas, nuevamente dejan al descubierto la corrupción con la que opera el legislativo de la entidad, afirmó el vocero José Guadalupe González.
Y es que, en la investigación realizada, constataron que los proveedores que les “vendieron” dos facturas por 75 mil pesos, con las que justificaron los 150 mil pesos que se autorizaron para gastos de los informes correspondientes al segundo año de gestión, son los mismos que tiempo atrás, les ayudaron a desviar recursos de apoyos sociales.
“Es terrible que ya no se pueda uno sorprender ante estas situaciones que están pasando con los diputados locales, lo que detectamos ahora en el caso de los informes legislativos, que se replica el mismo modus operandi, que ya habíamos señalado en la investigación que hicimos de las empresas fantasmas de los apoyos sociales”.
Por medio de una solicitud de transparencia, explicó, la organización obtuvo la documentación presentada por los legisladores y al acudir a las direcciones especificadas en las facturas, se confirmó que son domicilios particulares, que no ofrecen ningún tipo de bien o servicio.
Ejemplificaron uno de los casos: “Grupo Zement, S de RL de CV, con dirección en calle Amazonas 150 interior 46 en la Colonia el Cortijo, tiene tres razones sociales diferentes con las que facturó apoyos de material de construcción, luego se camuflajeo con otra razón social, Comercializadora y Distribuidora El Potosí, hablamos con la propietaria de la casa y nos dijo que no hay ninguna constructora y menos una imprenta”.
Hay diputados que facturaron a particulares hasta 75 mil pesos en la compra de tamales; otros más, utilizaron compañías de dudosa procedencia que están ubicadas en la Ciudad de México y Zacatecas, y que habrían evidenciado actos corruptos de funcionarios de otras entidades.
Lamentó que estas “añejas” prácticas no se castiguen. Pese a ello, dijo, interpondrán, las denuncias correspondientes; “si cada quien hace lo que le corresponde, esto no debería estar pasando, pero los diputados actúan así, porque saben que hay impunidad”.