El alcalde Xavier Nava Palacios deberá informar al Congreso del Estado qué acciones se han emprendido para determinar y en su caso sancionar, las posibles responsabilidades administrativas y/o penales con motivo del contrato de “Rehabilitación de la Calzada Fray Diego de la Magdalena”.
El diputado Rolando Hervert Lara del PAN presentó un punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad, para que el edil capitalino informe además cuales son las acciones y en su caso, los resultados para buscar la recuperación de los recursos públicos pagados y no devengados con motivo de dicho contrato.
El 26 de diciembre de 2017, el Ayuntamiento de San Luis Potosí celebró contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado con un consorcio de empresas representadas por Sarqo Servicios de Arquitectura y Construcción S.A. DE C.V. Dicho contrato fue el resultado de una adjudicación directa, luego de que se declarara desierto por dos ocasiones el proceso de licitación de la obra.
La obra que debería llevar a cabo era la “Rehabilitación de la Calzada Fray Diego de la Magdalena” en el tramo comprendido entre la calle Santa Rosa y la Calle 13.
El costo de los trabajos, de acuerdo con el contrato fue de $225´836,781.12 (doscientos veinticinco millones ochocientos treinta y seis mil setecientos ochenta y un pesos 12/100 M.N.), de los cuales 130 millones corresponden al Ramo XXIII PEF.
Añadió que el 25 de septiembre de 2018, a menos de una semana para el relevo de gobierno, la autoridad municipal decidió dar marcha atrás a un procedimiento de rescisión, y en su lugar determinó que el contratista no incurrió en causales de rescisión, por lo que ordenó iniciar el procedimiento administrativo de terminación anticipada y proceder al finiquito correspondiente, del fallido contrato de obra pública.
Hasta aquí, parecería una situación sin mayores observaciones; sin embargo, la obra no se realizó – es decir, no existe; como tampoco existe la evidencia de la devolución de recursos que no fueron aplicados o devengados por la empresa a la que se adjudicó la obra.
Abundó que “existen además, subcontrataciones de fecha 27 de diciembre de 2017 (un día después de la firma del contrato) por servicios relacionados con infraestructura eléctrica, semaforización, señalética, estructuras metálicas, análisis de laboratorio en mecánica de suelos y topografía, construcción de drenajes, construcción de banquetas, cimbra y colados, servicios especializados de acarreo de material, construcción de terraplenes, pailería de acero, arrendamiento de maquinaria y equipo”.
Es decir, en dos ocasiones se declaró desierta la licitación, bajo el argumento de que las empresas concursantes no cumplían con requerimientos técnicos suficientes. Sólo para después, adjudicar a una empresa distinta, la que al celebrar subcontratos para hacer prácticamente toda la obra, pone de manifiesto, que no tenía la capacidad para ejecutarla.
Por ello, "es de vital importancia que exijamos en el caso que se expone, que se nos dé una explicación de todas las circunstancias alrededor de este contrato, desde su inicio y hasta su finiquito”, puntualizó.
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