/ jueves 21 de febrero de 2019

Desacierto, aumentar el número de delitos graves en el Sistema de Justicia

La reforma busca generar un equilibrio en el país y reducir la sensación de impunidad que ha causado el sistema penal a los ciudadanos

El aumento en el número de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, pudiera generar que México sea observado por organismos internacionales, adelantó Juan Paulo Almazán Cué, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y el Consejo de la Judicatura.

Este martes la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, por lo que se agregaron: corrupción, delitos electorales y fiscales, robo de combustibles, abuso y violencia sexual, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, los delitos en materia de desaparición forzada y el abuso de autoridades.

Al respecto, el Presidente del Poder Judicial en el Estado manifestó que esto contradice lo que es el sistema de justicia penal, “el sistema penal es un sistema que si nos vamos a la esencia del mismo, habla que es un sistema restaurativo, no retributivo”, aunado a que el sistema trabaja basado en la presunción de inocencia, “un catálogo amplio de conductas con prisión preventiva oficiosa rompe con el principio de presunción de inocencia”.

A ello sumó el hecho de que México puede ser observado por organismos internacionales, como la Corte Interamericana, que puede cuestionar esta ampliación en el catálogo de delitos graves, ya que en el sistema de justicia penal, las fiscalías deben justificar “a través de un test de proporcionalidad, cuál es la medida que tiene que aplicar en cada caso, porque inclusive puede ser un asunto aparentemente de bagatela pero que tenga como consecuencia que el imputado permanezca en prisión preventiva”.

Debido a ello, Almazán Cué dijo considerar que ampliar el número de delitos con prisión preventiva oficiosa “no es lo mejor que se pudo haber hecho”, aunque también reconoció que con ello se busca generar un equilibrio en el país y reducir la sensación de impunidad que ha causado el sistema penal a los ciudadanos.

Los delitos que antes de la reforma ya ameritaban prisión preventiva de oficio, son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y delitos graves contra la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.

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El aumento en el número de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, pudiera generar que México sea observado por organismos internacionales, adelantó Juan Paulo Almazán Cué, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y el Consejo de la Judicatura.

Este martes la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, por lo que se agregaron: corrupción, delitos electorales y fiscales, robo de combustibles, abuso y violencia sexual, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, los delitos en materia de desaparición forzada y el abuso de autoridades.

Al respecto, el Presidente del Poder Judicial en el Estado manifestó que esto contradice lo que es el sistema de justicia penal, “el sistema penal es un sistema que si nos vamos a la esencia del mismo, habla que es un sistema restaurativo, no retributivo”, aunado a que el sistema trabaja basado en la presunción de inocencia, “un catálogo amplio de conductas con prisión preventiva oficiosa rompe con el principio de presunción de inocencia”.

A ello sumó el hecho de que México puede ser observado por organismos internacionales, como la Corte Interamericana, que puede cuestionar esta ampliación en el catálogo de delitos graves, ya que en el sistema de justicia penal, las fiscalías deben justificar “a través de un test de proporcionalidad, cuál es la medida que tiene que aplicar en cada caso, porque inclusive puede ser un asunto aparentemente de bagatela pero que tenga como consecuencia que el imputado permanezca en prisión preventiva”.

Debido a ello, Almazán Cué dijo considerar que ampliar el número de delitos con prisión preventiva oficiosa “no es lo mejor que se pudo haber hecho”, aunque también reconoció que con ello se busca generar un equilibrio en el país y reducir la sensación de impunidad que ha causado el sistema penal a los ciudadanos.

Los delitos que antes de la reforma ya ameritaban prisión preventiva de oficio, son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, y delitos graves contra la seguridad nacional, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.

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