“El gobierno federal ha subordinado la dignidad de las personas migrantes a los intereses económicos del vecinos país del norte”, denunció el sacerdote Rolando Maldonado Salas, director de la Casa de la Caridad Hogar del Migrante, a nombre de diferentes organizaciones civiles y académicas que se sumaron a dicho pronunciamiento.
De manera conjunta, organizaciones civiles expusieron las problemáticas que han detectado cada una desde su ámbito de competencia en torno al tema migratorio, con la conclusión común de que el acuerdo bilateral firmado entre México y Estados Unidos el mes pasado, ha incrementado la vulnerabilidad de los migrantes que buscan cruzar el territorio nacional para llegar al vecino país del norte.
Entre los problemas que ha generado esta nueva política migratoria en México, se encuentra la hostilidad y militarización de las fronteras, además de la aplicación de operativos de detención en caminos y veredas, así como la exigencia de que las líneas de transporte terrestre soliciten identificación oficial y documento migratorio vigente, lo que ha derivado en que los migrantes se vean obligados a buscar rutas alternas que resultan más peligrosas y los dejan a expensas del crimen organizado, volviéndolos víctimas de trata de personas, tráfico, entre otros.
La religiosa, María Magdalena Silva Rentería, directora de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante Refugiada (CAFEMIN), denunció que además, el cambio de Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), generó la llegada de “un perfil policiaco” con el que se vino abajo el trabajo que ya habían realizado organizaciones civiles con la nueva administración federal, por lo que acusó que mientras hay un discurso del Presidente de la República diciendo que se respetan los derechos humanos de los migrantes, que son bienvenidos y que habrá trabajo para ellos, en las acciones es lo contrario, incluso hay deportaciones masivas.
Denunciaron que además de violentar el principio de no devolución, el INM no informa a los migrantes cuáles son sus derechos y cómo pueden solicitar asilo en México, por lo que son deportados sin tomar en cuenta que muchos de ellos no pueden regresar a su país porque salieron huyendo debido a la persecución de criminales. Además de que estas detenciones han generado hacinamiento en las estaciones migratorias, entre ellas la de San Luis Potosí.
Maldonado Salas destacó que estas situaciones evidencian que “hay una simulación en la protección de los derechos humanos por parte del gobierno federal, por tanto hacemos llamado al Presidente de la República a que reconsidere sus decisiones en el tema migratorio y que éstas se basen en el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por México, los derechos plasmados en la Constitución, la Ley de Migración y la Ley de Refugiados”.
Además solicitaron la derogación de fracciones 15 y 36 del Artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional que le dan competencia en materia migratoria, debido a que no hay claridad de cómo se prepara a los elementos para identificar a los solicitantes de protección.
CENTRO DE TRANSFERENCIA
También hicieron referencia a la posible creación de un centro de transferencia de migrantes en San Luis Potosí, sobre lo cual, el sacerdote señaló que es un tema que preocupa debido a que “no existe evidencia de planeación” para la creación de dicho sitio, y tampoco hay claridad respecto al nivel de competencia que tendría cada autoridad, así como la participación que podrían tener organizaciones de la sociedad civil que han trabajado el tema migratorio.
Por ello solicitó, que en primer lugar se aclare por parte del gobierno federal si va a crearse y en qué circunstancias, el centro de transferencia, y en caso de ser así, cuáles serán las competencias de cada instancia de gobierno estatal y federal, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
