En lo que va de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha recibido tres denuncias por presencia de menores de edad en ranchos agrícolas, informó Jorge Andrés López Espinosa, presidente del organismo autónomo.
El ombudsman en el estado, indicó que la CEDH cuenta con un programa especial de atención a jornaleros agrícolas, mismo que se centra sobre todo en el Altiplano y la Huasteca, “Matehuala con una incidencia importante de jornaleros que van sobre todo a la pizca del tomate, y otro más en la Huasteca que tiene que ver con jornaleros que acuden al tema de la caña o de la naranja”.
Aseguró que en estos dos puntos que cuentan con representación de la CEDH, “estamos muy atentos para atender quejas, denuncias, e inmediatamente vincularlos a las instancias correspondientes”.
Manifestó que en este año no se han recibido quejas en la Huasteca potosina, sin embargo la oficina central de Matehuala sí tiene ya tres denuncias de jornaleros y migrantes, mismas que fueron remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Explicó que las denuncias fueron hechas por personas que observaron la posible presencia de menores de edad en ranchos agrícolas de Villa de Arista, “hay gente que reporta que hay establecimientos donde hay personas que aparentemente son menores de edad”.
López Espinosa indicó que hasta el momento se desconoce si realmente se trata de menores de edad, ya que será la autoridad laboral la que acuda al lugar y verifique si en efecto hay menores de 18 años, esto a través de su acta de nacimiento.
Al respecto, cabe recordar que la ley prohíbe el trabajo de menores de edad en el campo, y establece incluso que los menores deben estar en lugares aptos para ellos alejados de la zona de cosecha, en donde puedan recibir educación y tengan condiciones de salubridad.
Además, el trabajo de menores de edad en el campo se sanciona con cárcel, de ahí que los casos son turnados a instancias federales como la CNDH, la delegación federal de la STPS y la Procuraduría General de la República (PGR).
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