La ex subdirectora del Instituto Registral y Catastral del Estado, Josefina Lara Saucedo, demandó a la directora de esta dependencia, Margarita Guerrero Ortiz, luego de que, afirmó, su baja se dio porque descubrió la simulación de un proyecto federal para desviar 25 millones de pesos y por negarse a participar en la adjudicación de terrenos en San Juan de Guadalupe.
El 11 de diciembre del año, Lara Saucedo presentó una demanda laboral por el despido injustificado que ordenó Guerrero Ortiz, quien además la agredió verbalmente en reiteras ocasiones, según relata el documento entregado a la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Una investigación de los integrantes del Frente Amplio Opositor, comprobó la simulación del proyecto encaminado al Programa de Modernización de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, el cual contó con una partida presupuestal de 25 millones de pesos.
Los recursos serían utilizados en este estudio solicitado por el propio instituto donde se combinaron recursos federales y estatales, y el cual se llevaría a cabo en al menos 11 municipios de San Luis Potosí.
Sin embargo quedó al descubierto el uso indebido y sin justificar de los 25 millones de pesos, que en teoría se aplicarían para el trabajo, que terminó siendo escaneo y fotocopias de la información cartográfica del INEGI, indicó Lara Saucedo.
"Con fecha 5 de julio del 2018 se encontraba incapacitada por cirugía la Lic. Margarita Guerrero Ortiz. Por lo cual se me encomendó el despacho de los asuntos de la dirección del Registro Público de la Propiedad. Es el caso que ese día se presentaron los CC. Beatriz Arango Flores representante legal de la Empresa que obtuvo la licitación del programa de modernización del sistema Registral y Catastral, del ejercicio fiscal 2016 para el hoy Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, y que se desarrolló durante los años 2016 y 2017, también iba acompañada del Ing. Heriberto León Coronado, asesor de proyecto, y del Ing. Francisco Garrido quien al parecer es el dueño de la empresa que desarrollo dicho proyecto", detalló en la demanda.
"Ahí comentaron diversas problemáticas en cuanto al cierre del proyecto, estableciendo que por diversas circunstancias y diferencias con un tercero, respecto el desarrollo del programa no se podía entregar para su cierre lo que el contrato establecía. Es decir, había problemas y querían llegar a un acuerdo con el instituto", continúa el documento.
Además de esto, Guerrero Ortiz, dijo, la compra ilegal de unos terrenos en San Juan de Guadalupe, comunidad con serios problemas de despojo y tenencia de la tierra, mismos que pretendía regularizar, a través de su subordinada, pues ésta es comunera en esa zona.
"A principios de octubre del año 2018 cuando ella regreso a la actividad laboral, me empezó a cuestionar respecto a unos terrenos que había comprado a José Llanas en la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, en el municipio de San Luis Potosí, donde la suscrita es comunera titular y de qué manera podía regularizarlos. Que los pusiera a mi nombre y luego se simulara un traslado de dominio otra vez a su nombre. Le comenté que ese era un trámite o procedimiento en Asamblea y que se buscara un trámite conforme a la ley. Eso le molestó muchísimo y nuevamente me agredió verbalmente. Desde ahí, todos los días de trabajo donde me veía me exigía me fuera, que renunciara. Argumentando lo de la vista de la empresa que señale al inicio y lo de los terrenos".
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