De acuerdo con datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad, de enero a abril de 2019 se duplicó en San Luis Potosí el número de secuestros en relación al 2018. Ante esas cifras (y en apego a la Estrategia Nacional Antisecuestro) y ante el incremento de ese delito, la Policía Federal impulsa una campaña encaminada a combatir y erradicar el delito de la privación ilegal de la libertad.
En el periodo en mención se registraron en total 222 delitos contra la libertad personal, de los cuales 10 fueron secuestros como tal, mientras que en el mismo periodo en 2018 la cifra fue de 153 delitos, de los cuales solo cinco fueron tipificados específicamente como secuestro, cuatro con fines de extorsión y uno exprés, en comparación a los 10 secuestros registrados en el primer cuatrimestre de 2019, ocho de ellos fueron con fines de extorsión, y dos exprés.
De acuerdo con el área de prevención de la Coordinación Estatal de la Policía Federal, la campaña tiene como fin difundir información que previene que la población facilite la comisión del delito.
Destacan entre las recomendaciones: evitar proporcionar información sobre viajes, no contestar llamadas de números desconocidos, al tomar servicios de transporte identificar los datos del vehículo que se aborda, prestar atención al entorno al caminar y distribuir el dinero en diferentes cuentas. Otros puntos importantes son: evitar dar a conocer situación económica, cambiar/variar las rutas por donde se transita, mantener siempre la comunicación con la familia, confirmar siempre la identidad de quienes por alguna razón tengan que ingresar al domicilio, como técnicos electricistas, de servicios, etcétera.
Asimismo, colgar de inmediato si se reciben llamadas de extorsión telefónica, y algo muy importante, moderar la información personal que se comparte en redes sociales e informar a las autoridades de actividades sospechosas.
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Los ejes que conforman la campaña contemplan además de la campaña de información y promoción de la denuncia ciudadana, mayor coordinación y confianza entre las dependencias y el uso de inteligencia por encima de la fuerza, fortalecer las capacidades operativas de las Unidades Antisecuestros en las entidades, en particular de las 10 con mayor incidencia del delito.
Trabajar con Congresos locales y Gobernadores para ajustar el marco jurídico, homologando criterios, conformar un sistema único de análisis de información que contenga la base nacional de datos criminales, el diseño y puesta en marcha de un protocolo único de atención ciudadana de secuestro.
Vigilar y evaluar permanentemente el comportamiento de los elementos que integran las Unidades Antisecuestros del país, impulsar en el sistema penitenciario un modelo de reclusión de secuestradores en módulos especiales en penales de alta seguridad, fortalecer los programas de atención a víctimas de secuestro para ofrecer apoyo integral y evaluar los resultados a fin de disminuir la incidencia de ese delito.
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