A propuesta de la diputada Yolanda Josefina Cepeda y el diputado José Luis Fernández, en reunión de la Comisión de Gobernación, se aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado el Reglamento para el Gobierno Interior para crear la Unidad para la Igualdad de Género.
Se encargará de fomentar, planear, y dirigir las acciones para institucionalizar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos dentro del Congreso del Estado.
Dependerá de la Directiva, y le corresponderá fomentar, planear, y dirigir las acciones para institucionalizar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos dentro del Congreso del Estado, para asegurar la observancia de los derechos fundamentales, como la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la no discriminación en todas las áreas del recinto legislativo; y la promoción de ambientes laborales libres de violencia, en cualquiera de sus modalidades, conforme a lo determinado en su Reglamento.
Tendrá los departamentos de atención, al que corresponde la colaboración con las instancias competentes para la canalización de las solicitudes de asistencia en los casos de violencia, y los actos contrarios a la política de igualdad y no discriminación que se reciban en la Unidad, dar su seguimiento, así como difundir las políticas laborales en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva, perspectiva de género y no discriminación.
Y de Formación y Especialización, al que corresponde realizar los estudios e investigaciones necesarios en materia de género y derechos humanos, así como producir y sistematizar la información con perspectiva de género y con enfoque de derechos humanos recabada por la Unidad.
En el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, se indica que Unidad estará a cargo de una titular quien será propuesta por la Junta de Coordinación Política al Pleno para su designación.
Entre los requisitos para ser la titular de la Unidad para la Igualdad de Género se indica: ser mujer; contar con título y cédula profesional, en áreas relacionados con la función, legalmente expedidos, y con una antigüedad mínima de tres años previos al nombramiento; poseer conocimientos y experiencia en materia de derechos humanos; y perspectiva de género; acreditar no estar en el Sistema Estatal de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Estatal; y acreditar que al momento de su nombramiento no presta sus servicios profesionales; ni desempeña actividades que representen conflicto de intereses.
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