/ lunes 28 de enero de 2019

Continúan lucha contra despojo en San Juan de Guadalupe

Denunciaron que la CEA, permitió a desarrolladores utilizar agua de pozos privados, ampliando la red de aguas del poniente y utilizar el líquido de “El Realito”

Comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, solicitarían juicio político contra el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras, si continua favoreciendo a un grupo de empresarios, quienes pretenden despojarlos de sus tierras, para edificar proyectos inmobiliarios.

En rueda de prensa, Carlos Covarrubias Rendón, asesor de los disidentes, aseguró que Carreras esta “metido hasta el cuello”, apoyando a la “crema y nata”, del sector empresarial de San Luis Potosí, entre los que figuran apellidos, como De Los Santos y Torres Corzo.

Acompañado de un grupo de comuneros, denunciaron que la Comisión Estatal del Agua (CEA), dependencia del gobierno de esta entidad, entregó un oficio de factibilidad (CA/DG/2017/938), con el que permite a los desarrolladores, utilizar agua de pozos privados, ampliando la red de aguas del poniente y además utilizar el vital líquido de “El Realito”.

“El poder económico se empeña, están encaprichados, obsesionados con despojar las tierras comunales, no tienen cambios de uso de suelo, no obstante que el alcalde Xavier Nava ha intentado, aunque lo niegue, ser facilitador para lograr este objetivo”.

El Gobierno del Estado, que encabeza Juan Manuel Carreras, dijo, opera con todos los recursos posibles, para cooptar a los comuneros y obligarlos a generar la aportación de terrenos; están prometiendo, remarcó, que si entregan 2 mil hectáreas se les va a pagar 67 mil pesos que derivan de una indemnización, cantidad muy por debajo, del costo real de los predios.

“Están intentando generar una especie de movimiento pro empresarial que es increíble, es increíble y surrealista que en exista una "lucha agraria" en México donde un grupo de comuneros hiciera una movilización para regalar su patrimonio”.

Y es que indicó, que de manera “irresponsable”, el empresario y “máximo” desarrollador, Carlos López Medina, utiliza la confrontación y violencia, de un grupo menor de comuneros, contra la Procuraduría Agraria, para que ésta avale la Asamblea de Aportación, y entregar las 2 mil 700 hectáreas, que quiere la empresa “Reserva”.

“¿Cuál es nuestra postura?, vamos a respetar el legítimo derecho a resistir y movilizarse, nosotros lo sabemos hacer y nosotros lo vamos a seguir haciendo hasta sus últimas consecuencias, para evitar el despojo de las tierras comunales, tampoco vamos a permitir que el municipio de San Luis Potosí entre al juego con decisiones indebidas ”.

Advirtió que el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras, “se está metiendo en una broncota, y puede ser sujeto a juicio político si detectamos que está involucrado en el operativo económico para presionar a los comuneros y favorecer a los empresarios”.

“Hay dos líneas de investigación, sobre la CEA y sobre recursos que se quieren destinar para cooptar a los comuneros, si se acredita se merecedor de un juicio político. Ya hablamos con diputados federales locales y se entregó un informe al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y todos están muy interesados en el tema y en el cumplimiento de la legalidad”.

Comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, solicitarían juicio político contra el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras, si continua favoreciendo a un grupo de empresarios, quienes pretenden despojarlos de sus tierras, para edificar proyectos inmobiliarios.

En rueda de prensa, Carlos Covarrubias Rendón, asesor de los disidentes, aseguró que Carreras esta “metido hasta el cuello”, apoyando a la “crema y nata”, del sector empresarial de San Luis Potosí, entre los que figuran apellidos, como De Los Santos y Torres Corzo.

Acompañado de un grupo de comuneros, denunciaron que la Comisión Estatal del Agua (CEA), dependencia del gobierno de esta entidad, entregó un oficio de factibilidad (CA/DG/2017/938), con el que permite a los desarrolladores, utilizar agua de pozos privados, ampliando la red de aguas del poniente y además utilizar el vital líquido de “El Realito”.

“El poder económico se empeña, están encaprichados, obsesionados con despojar las tierras comunales, no tienen cambios de uso de suelo, no obstante que el alcalde Xavier Nava ha intentado, aunque lo niegue, ser facilitador para lograr este objetivo”.

El Gobierno del Estado, que encabeza Juan Manuel Carreras, dijo, opera con todos los recursos posibles, para cooptar a los comuneros y obligarlos a generar la aportación de terrenos; están prometiendo, remarcó, que si entregan 2 mil hectáreas se les va a pagar 67 mil pesos que derivan de una indemnización, cantidad muy por debajo, del costo real de los predios.

“Están intentando generar una especie de movimiento pro empresarial que es increíble, es increíble y surrealista que en exista una "lucha agraria" en México donde un grupo de comuneros hiciera una movilización para regalar su patrimonio”.

Y es que indicó, que de manera “irresponsable”, el empresario y “máximo” desarrollador, Carlos López Medina, utiliza la confrontación y violencia, de un grupo menor de comuneros, contra la Procuraduría Agraria, para que ésta avale la Asamblea de Aportación, y entregar las 2 mil 700 hectáreas, que quiere la empresa “Reserva”.

“¿Cuál es nuestra postura?, vamos a respetar el legítimo derecho a resistir y movilizarse, nosotros lo sabemos hacer y nosotros lo vamos a seguir haciendo hasta sus últimas consecuencias, para evitar el despojo de las tierras comunales, tampoco vamos a permitir que el municipio de San Luis Potosí entre al juego con decisiones indebidas ”.

Advirtió que el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras, “se está metiendo en una broncota, y puede ser sujeto a juicio político si detectamos que está involucrado en el operativo económico para presionar a los comuneros y favorecer a los empresarios”.

“Hay dos líneas de investigación, sobre la CEA y sobre recursos que se quieren destinar para cooptar a los comuneros, si se acredita se merecedor de un juicio político. Ya hablamos con diputados federales locales y se entregó un informe al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y todos están muy interesados en el tema y en el cumplimiento de la legalidad”.

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