En Suspiro Picacho defenderán sus tierras

Reunidos en el Anexo las Cruces y Carmona de la Comunidad de Suspiro Picacho, comuneros acordaron prepárese para evitar acciones de despojo del territorio; exigen seguridad jurídica, ante la serie de actos ilícitos que se llevan a cabo y que ha permitido a la industria inmobiliaria se apodere de territorio.

“Queremos seguridad jurídica”, comentó el Juez Auxiliar de Suspiro Picacho, Saúl Gaspar Hernández, quien remarcó que la congregación de más de tres mil hectáreas junto con los Anexos Cruces y Carmona, deben ser respetadas y reconocidas.

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Comentó que es importante que se tenga el apoyo de las autoridades para que los documentos que se expidan sean seguros y nadie pueda desconocer su validez. Los comuneros acordaron terminar en breve el deslinde del territorio.

“Se sabe que desarrolladores de apellidos Meade, Pizzuto y empresas constructoras han comprado cientos de hectáreas de subrepticiamente en el área colindante al libramiento poniente, lo que hace prever una ofensiva sobre las Comunidades de Paso Blanco, Guadalupe Victoria y su Anexo la Cruz, así como Suspiro Picacho”.

Recordó que la compra ilegal y muy por debajo de su costo real, es el mayor problema al que se enfrentan decenas de ejidatarios y comuneros propietarios de tierras, que se han convertido en "el blanco" de empresas constructoras e inmobiliarias.

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Cabe destacar que San Luis Potosí es líder del mercado de tierras y conflictos agrarios, práctica que inició desde 1993, cuando en ningún otro Estado, se registraba este acto de corrupción y abuso de poder, "arropados" por reformas a las leyes y la propia autoridad; a la fecha, los municipios de Mexquitic, Villa de Reyes, Zaragoza, Soledad y la capital potosina son los más afectados.

Lo anterior fue señalado por los asesores legales de los disidentes, Carlos Covarrubias Rendón y Alberto Suárez Castillo, quien destacó, que hasta el momento se tienen documentados 15 mil ejidatarios afectados y 20 mil hectáreas incorporadas al "dominio pleno", que benefició a una veintena de empresas inmobiliarias y constructoras, que operan apoyados por las policías estatales y dependencias gubernamentales.

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