/ martes 29 de enero de 2019

Comuneros piden a AMLO apoyo para evitar el despojo de tierras en San Juan de Guadalupe

Los afectados, destacaron que al día de hoy es el asunto social y agrario más controvertido en el Estad sus implicaciones afectan el tema ambiental y el desarrollo urbano

Comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, acudieron al municipio de Cedral, para abordar al Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, y pedirle su intervención para evitar el despojo de 2 mil hectáreas.

Con mantas en mano, Baudelia Aguilar García, Juan García Granja, Aniceto Jasso Bravo, María Dolores Quintero López, Juan Estrada, entre otros afectados, destacaron que al día de hoy es el asunto social y agrario más controvertido en el Estado de San Luis Potosí y sus implicaciones afectan el tema ambiental, los mantos friáticos y el desarrollo urbano.

En el documento citan, “agradecemos al Gobierno Federal su intervención para evitar el despojo de más de dos mil hectáreas que con una aportación ilegal trató de llevar al cabo el grupo faccioso de Carlos López Medina y algunas de las familias que pretenden imponer en nuestra comunidad.

“Le informamos que Carlos López Medina ha ordenado a los grupos de choque que lo apoyan dentro de ésta comunidad a que tomen las instalaciones de la Procuraduría Agraria y además atreverse a pedir el apoyo al Comité Estatal del partido MORENA con el argumento de que la aportación de tierras es un acto legal y apoyado por toda la comunidad”.

ANTECEDENTES

En 1992 Carlos Salinas de Gortari planteó un esquema de mercado de tierras, con su reforma al artículo 27 constitucional y una nueva Ley Agraria, con la finalidad de que la propiedad social de los núcleos agrarios pudiera ser desincorporada. El gobierno federal pensó en establecer el llamado Programa de Integración al Suelo Social (PISO) en 116 localidades, con lo que se buscaba comercializar 105 mil hectáreas. Dicho programa se perdió ante las lagunas jurídicas, los conflictos y el limbo burocrático.

Las catorce mil hectáreas de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito se convirtieron en la obsesión de algunos empresarios. Las familias Torres Corzo, Muñiz Werge, Del Valle, Rangel, Cerrillo Chowell, De los Santos, conducidos por Carlos López Medina han intentado, desde el año 2009 conformar una inmobiliaria sobre áreas comunales.

No obstante la laguna jurídica que existe, pues sólo se encuentran reguladas las sociedades agrícolas, ganaderas y forestales, de acuerdo a la fracción del artículo 75 fracción ll de la ley agraria, el reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de Noviembre del 2011, y su modificación publicada el 16 de octubre del año 2012, esto por la excepción ya enunciada en el artículo 125 de la ley Agraria.

“Esta inmobiliaria se ubicaría en una zona que actualmente tiene el carácter Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y Recarga. AN-PPRE, según el Plan de Centro de Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad de Graciano Sánchez del año 2003”.

Comuneros de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, acudieron al municipio de Cedral, para abordar al Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, y pedirle su intervención para evitar el despojo de 2 mil hectáreas.

Con mantas en mano, Baudelia Aguilar García, Juan García Granja, Aniceto Jasso Bravo, María Dolores Quintero López, Juan Estrada, entre otros afectados, destacaron que al día de hoy es el asunto social y agrario más controvertido en el Estado de San Luis Potosí y sus implicaciones afectan el tema ambiental, los mantos friáticos y el desarrollo urbano.

En el documento citan, “agradecemos al Gobierno Federal su intervención para evitar el despojo de más de dos mil hectáreas que con una aportación ilegal trató de llevar al cabo el grupo faccioso de Carlos López Medina y algunas de las familias que pretenden imponer en nuestra comunidad.

“Le informamos que Carlos López Medina ha ordenado a los grupos de choque que lo apoyan dentro de ésta comunidad a que tomen las instalaciones de la Procuraduría Agraria y además atreverse a pedir el apoyo al Comité Estatal del partido MORENA con el argumento de que la aportación de tierras es un acto legal y apoyado por toda la comunidad”.

ANTECEDENTES

En 1992 Carlos Salinas de Gortari planteó un esquema de mercado de tierras, con su reforma al artículo 27 constitucional y una nueva Ley Agraria, con la finalidad de que la propiedad social de los núcleos agrarios pudiera ser desincorporada. El gobierno federal pensó en establecer el llamado Programa de Integración al Suelo Social (PISO) en 116 localidades, con lo que se buscaba comercializar 105 mil hectáreas. Dicho programa se perdió ante las lagunas jurídicas, los conflictos y el limbo burocrático.

Las catorce mil hectáreas de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito se convirtieron en la obsesión de algunos empresarios. Las familias Torres Corzo, Muñiz Werge, Del Valle, Rangel, Cerrillo Chowell, De los Santos, conducidos por Carlos López Medina han intentado, desde el año 2009 conformar una inmobiliaria sobre áreas comunales.

No obstante la laguna jurídica que existe, pues sólo se encuentran reguladas las sociedades agrícolas, ganaderas y forestales, de acuerdo a la fracción del artículo 75 fracción ll de la ley agraria, el reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de Noviembre del 2011, y su modificación publicada el 16 de octubre del año 2012, esto por la excepción ya enunciada en el artículo 125 de la ley Agraria.

“Esta inmobiliaria se ubicaría en una zona que actualmente tiene el carácter Área Natural de Protección al Patrimonio Paisajístico y Recarga. AN-PPRE, según el Plan de Centro de Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad de Graciano Sánchez del año 2003”.

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