Familias de víctimas de feminicidio, están en contra de la propuesta para imponer pena de muerte y castración química a feminicidas y violadores, “el Estado y sus instituciones no han comprendido aún que ante un feminicidio, las voces y la participación más importante es la de las y los familiares como víctimas indirectas”.
Luego de que el gobernador del estado propuso imponer pena de muerte para los feminicidas y la castración por violación, el colectivo “Por ellas, por nosotras y por todas”, señaló que esas “son medidas punitivas que van en contra de las reformas constitucionales del 2008 y el 2011. Se necesitan medidas que ayuden a la reparación del daño, a la escucha efectiva de las víctimas y a dar garantía de justicia para nuestras hijas y nuestras familias”.
Así mismo, señalaron que “una de las mejores maneras de demostrar sus manifiestos compromisos con las mujeres y con las víctimas es atendiendo a sus obligaciones en materia de derechos humanos para garantizar la justicia, la memoria, la verdad y la reparación para todas las víctimas de feminicidio y sus familiares en San Luis Potosí”.
También se refirieron a la postura del Secretario General del Gobierno en contra de la creación de la fiscalía especializada en feminicidios al argumentar que sólo generaría burocracia, misma que el colectivo calificó como preocupante, “nos preocupa que no comprenda que nuestra exigencia de una Fiscalía Especializada en Feminicidios es porque las instancias que ya existen no nos han cumplido: las investigaciones por los feminicidios de nuestras hijas no son diligentes ni tienen perspectiva de género, habemos quienes ni siquiera teníamos copias de nuestra carpeta de investigación, ni conocimiento sobre los actos de investigación de nuestros casos”.
Hicieron referencia al feminicidio de Chuyita en Villa de Arista, “una muerte que destroza a otra familia potosina y afecta las dinámicas sociales de las mujeres que habitan en su comunidad”, y destacaron que a pesar de la rápida respuesta de la Fiscalía General del Estado ante los medios de comunicación, “la comunicación que las autoridades han tenido con la familia es nula”.
En ese sentido, solicitaron que las autoridades investiguen siguiendo los protocolos existentes con perspectiva de género; que se llegue a la verdad en todos los casos y que las personas responsables sean sancionadas. Reiteraron la exigencia de la creación de una Fiscalía Especializada para la investigación de feminicidios en San Luis Potosí, que concentre todos los casos de muertes violentas de mujeres, que cuente con los recursos necesarios y con el personal preparado, que atienda con dignidad a las y los familiares de víctimas y que su proceso de creación se haga de manera transparente, abierta y con participación de familiares de víctimas y de la sociedad civil.
