/ martes 12 de marzo de 2019

Cesarán a policías que amparen a delincuentes

Actualmente se trabaja en dignificar los cuerpos policiacos, combatir la corrupción, certificar a los elementos y trabajar bajo estándares

En la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí no se ha detectado actualmente que mandos de las dependencias de seguridad o áreas de la propia corporación, amparen o protejan al crimen organizado, en lo que compete a la dependencia “se trabaja actualmente en tres ejes rectores”, para precisamente evitar que se den situaciones de esa naturaleza.

Sin embargo, de detectarse que algún elemento o mando operativo o administrativo incurra en cualquier actividad que no sea acorde a lo que son sus funciones, se procederá conforme a derecho, “tenemos la Comisión de Honor y Justicia y si no y de ser necesario según sus acciones en las que hayan incurrido, pues ponerse a disposición de la Fiscalía del Estado”, sentenció el titular de la dependencia, comisario Jaime Pineda Arteaga.

Así lo dio a conocer la dependencia luego de que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reconoció que en el pasado, el crimen creció al amparo y protección de los mandos policiacos.

“Hoy en día nuestra institución está trabajando en tres ejes rectores, los cuales consisten en dignificar a los cuerpos policiacos, combatir la corrupción y en la certificación, trabajando bajo estándares y procesos internacionales”.

La dependencia, aseguró que con ese tipo de acciones estará generando confianza en la población, además de identificar a la institución, “como una secretaría más cercana a la gente y preocupada por ella que es a quien nos debemos y tenemos que dar resultado de nuestras acciones”.

Sin embargo y de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en 2018 se abrieron varias carpetas de investigación contra elementos de distintas corporaciones por su presunta participación con células delictivas.

“Hay elementos de seguridad de todas las corporaciones que enfrentan algún proceso penal ante la Fiscalía General del Estado, por su presunta participación en la comisión de algún presunto acto constitutivo de delito, hemos procedido y no solo contra policías municipales o estatales, incluso hasta contra elementos de la propia Policía Investigadora que fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional”, comentó el Fiscal del Estado Federico Garza Herrera.

Por su parte, el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías, admitió en comparecencia ante el Congreso del Estado, la detección durante el pasado periodo electoral de células que fungían como personal de seguridad de candidatos que al ganar la elección, y amparados en su autonomía, su compromiso fue colocarlos como directores de las policías municipales aunque los integrantes de estos grupos no cumplieran con los requisitos legales.

Posteriormente y luego de detectar las actividades a las que estos grupos se dedicaban, comenzó un proceso de captura y expulsión, logrando desarticularlos, ante la ola de quejas e inconformidades que se generaron en las respectivas regiones donde operaban “acechando” a la población y cometiendo actos irregulares, según palabras del funcionario estatal.

Leer también en El Sol de San Luis

En la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí no se ha detectado actualmente que mandos de las dependencias de seguridad o áreas de la propia corporación, amparen o protejan al crimen organizado, en lo que compete a la dependencia “se trabaja actualmente en tres ejes rectores”, para precisamente evitar que se den situaciones de esa naturaleza.

Sin embargo, de detectarse que algún elemento o mando operativo o administrativo incurra en cualquier actividad que no sea acorde a lo que son sus funciones, se procederá conforme a derecho, “tenemos la Comisión de Honor y Justicia y si no y de ser necesario según sus acciones en las que hayan incurrido, pues ponerse a disposición de la Fiscalía del Estado”, sentenció el titular de la dependencia, comisario Jaime Pineda Arteaga.

Así lo dio a conocer la dependencia luego de que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reconoció que en el pasado, el crimen creció al amparo y protección de los mandos policiacos.

“Hoy en día nuestra institución está trabajando en tres ejes rectores, los cuales consisten en dignificar a los cuerpos policiacos, combatir la corrupción y en la certificación, trabajando bajo estándares y procesos internacionales”.

La dependencia, aseguró que con ese tipo de acciones estará generando confianza en la población, además de identificar a la institución, “como una secretaría más cercana a la gente y preocupada por ella que es a quien nos debemos y tenemos que dar resultado de nuestras acciones”.

Sin embargo y de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en 2018 se abrieron varias carpetas de investigación contra elementos de distintas corporaciones por su presunta participación con células delictivas.

“Hay elementos de seguridad de todas las corporaciones que enfrentan algún proceso penal ante la Fiscalía General del Estado, por su presunta participación en la comisión de algún presunto acto constitutivo de delito, hemos procedido y no solo contra policías municipales o estatales, incluso hasta contra elementos de la propia Policía Investigadora que fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional”, comentó el Fiscal del Estado Federico Garza Herrera.

Por su parte, el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tovías, admitió en comparecencia ante el Congreso del Estado, la detección durante el pasado periodo electoral de células que fungían como personal de seguridad de candidatos que al ganar la elección, y amparados en su autonomía, su compromiso fue colocarlos como directores de las policías municipales aunque los integrantes de estos grupos no cumplieran con los requisitos legales.

Posteriormente y luego de detectar las actividades a las que estos grupos se dedicaban, comenzó un proceso de captura y expulsión, logrando desarticularlos, ante la ola de quejas e inconformidades que se generaron en las respectivas regiones donde operaban “acechando” a la población y cometiendo actos irregulares, según palabras del funcionario estatal.

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