La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tiene abierto un expediente de queja por la falta de suministro de agua potable a consecuencia de fallas en el acueducto de la presa El Realito, informó Jorge Andrés López Espinoza, presidente del organismo autónomo.
El ombudsperson en el estado, informó que la CEDH abrió un expediente por desabasto de agua en varias colonias de la Capital potosina ocasionado por fallas en el acueducto de la presa El Realito, mismo que se abrió con la primera falla ocurrida en el mes de agosto.
Manifestó que a ese expediente se han sumado quejas ocasionadas en esta segunda ocasión en que se presentó la ruptura en el ducto hace una semana, “sobre ese caso tenemos un solo expediente de varias viviendas que se ubican sobre todo en el área de Balcones del Valle”.
Informó que la CEDH solicitó apoyo del Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología (IPICYT) para llevar a cabo un análisis químico para conocer la calidad del agua que reciben alrededor de 30 colonias que se abastecen con agua de la presa El Realito y sobe todo, poder determinar si es potable o no; este análisis se incluirá en el dictamen que emita la Comisión.
Cabe recordar que el Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, por lo que el acceso al agua se ha constituido como un derecho humano.
López Espinosa dijo esperar que la investigación en torno a este tema concluya el próximo mes, en el cual se comprometió a tener también listo el dictamen en torno a la trifulca que se generó en la comunidad de Milpillas cuando habitantes de la comunidad intentaron linchar a un profesor acusado de abusar de alumnos de una primaria.
Igualmente dijo que se trabaja en el caso de Tierrablanca, donde padres de familia denunciaron la práctica de ciertas conductas entre los alumnos, pues destacó que a pesar de que son niños los involucrados, hubo omisión de las autoridades de la escuela para evitar dichas conductas.