La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer que tuvo éxito en tres de cinco acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de leyes locales que promulgó el Congreso del Estado pero que no fueron consultadas con los grupos a quienes están dirigidas o estaban mal redactadas.
Los consejeros Catalina Torres Cuevas y Luis González Lozano, cuyo despacho Data Legal realizó las acciones de manera gratuita por un convenio con el organismo, dijeron que las tres reformas quedan sin efecto y se espera que corran la misma suerte otras dos que no se resuelven desde hace dos años por exceso de trabajo en la Corte.
Una de ella es la reforma al Código Penal y Ley de Tránsito para clasificar como delito el usar un distractor –teléfono celular- al momento de conducir; el error fue la redacción, ya que una persona que usara una Ipad no sería sancioanda aunque también se le considere un distractor. La reforma quedó sin efecto.
Otro de los casos es que varias leyes de ingresos de municipios potosinos para 2018, planteaban costos excesivos de hasta 70 pesos por foja, que se solicitaba vía transparencia para obtener información, lo que se consideró como una forma de inhibir la transparencia, pues los costos eran demasiado elevados. Ahora, se cobra el equivalente a una copia fotostática.
En el caso de la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad se declaró inconstitucional la reforma, porque no se llevó a cabo una consulta pública de las normas, lo que impide saber cuál es la situación concreta y real que vive este grupo, como lo establecen tratados internacionales.
En trámite están otras dos acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Asistencia Social, que también prosperará porque no hubo consulta y afecta directamente a personas con discapacidad, pero no se han resuelto por el exceso de trabajo que tiene la Suprema Corte .
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