Aunque es benéfica la ley que obligará a utilizar aguas tratadas en los establecimientos dedicados al lavado de ropa, es muy ambigua, considera Miguel Maya Romero, presidente de la Asociación de Tintorerías en San Luis.
Luego de que el Congreso local aprobó una reforma que obligará a utilizar aguas tratadas en ciertos establecimientos, el empresario consideró necesario que se precise a partir de cuánto volumen de agua estarían obligados a sujetarse a esta ley y, que abarque más negocios, pues de momento sólo se ha señalado a lavanderías, a pesar de que hay otros comercios como autolavados e incluso los hoteles, que también consumen gran cantidad de agua.
Manifestó que en el caso de las tintorerías, el uso de agua no es alto, ya que la mayoría de las prendas que tratan requieren lavado en seco, por lo que para estos casos también sería bueno conocer si la ley aplicará a partir de determinada cantidad de agua, “nosotros gastamos seguramente menos que un restaurante”.
Además indicó que falta precisar también si los propios dueños de los establecimientos tendrían que poner una planta tratadora en su negocio o si serían abastecidos por el Interapas, aunque consideró esto último complicado, de manera que también “hay que ver qué empresas pueden con ese costo y qué tipo de apoyos de gobierno podrían haber –como de Sifide–, para este proyecto”.
Maya Romero señaló que el objetivo de esta reforma es bueno, sobre todo en un estado como San Luis que padece problemas de agua, y con ella se apoyará la ecología e incluso al Interapas, al asumir el tratamiento de las aguas residuales, además de que pudiera traducirse en una disminución de costos para las empresas.
Lo anterior porque, ejemplificó, en el caso de la cadena de tintorerías de su propiedad, ha comenzado a instalar paneles solares y el gasto en energía eléctrica tuvo una disminución considerable, “la tarifa bajó a 48 pesos por mes, antes pagábamos cantidades de miles de pesos”, por lo que insistió en que la ley puede ser benéfica si se le realizan precisiones.
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