La delincuencia organizada desapareció a su esposo en el año 2011 y a pesar de existir una carpeta de investigación por ese delito, el pasado mes de febrero un juez del ramo civil falló a favor de un banco permitiendo el desalojó de la señora Alicia y sus tres hijos de la casa que en vida adquirió su marido, por medio de un crédito.
Lo anterior fue expuesto por María del Rosario Torres Mata, presidenta y fundadora de la “Asociación de Fe y Esperanza para Víctimas del Delito Christian”, quien través del área jurídica de su organización, promovieron un amparo para evitar que la afectada fuera “lanzada a la calle”.
Sin embargo y pese a existir leyes que en teoría, deberían proteger a las víctimas, el juez sexto de distrito, Enrique Acevedo Mejía, protegió los intereses económicos del banco, argumentando que “el desalojo de la señora Alicia se dio porque no contaba con un poder firmado por su esposo, porque lo tienen como ausente, no como desaparecido”.
En rueda de prensa acompañada por otras víctimas explicó que desde el mes de abril 2011, desconocen el paradero del marido de la señora Alicia, quien años atrás habría adquirido una casa con un crédito bancario. Las mensualidades dejaron de pagarse tras su desaparición.
En el 2014 la institución bancaria promovió un juicio para recuperar el inmueble ante la falta de pago; “ella no tenía conocimiento de eso, no pudo defenderse porque emplazaron a su esposo por edictos como si él tuviese la oportunidad de revisar los periódicos estando desaparecido”.
Finalmente fue el pasado mes de febrero del presente año cuando con todo el apoyo legal, la señora Alicia y sus tres hijos se quedaron en situación de calle.
Torres Mata, aseguró que con este hecho se violó la Ley General de Víctimas, la Ley del Estado de San Luis Potosí para la Atención a Víctimas y la Ley de Desaparición Forzada, que en sus diversos artículos amparan a quien se enfrenta a este tipo de delitos.
El caso será llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de la revictimización de la afectada, aseguraron.
“No están tomando en cuenta a la víctima, ahora no tiene casa y no tiene marido, ya habíamos logrado recuperarla y ahora el juez de distrito dice que ella no tiene la facultades y que se no vio afectada en su esfera jurídica cuando la despojaron de su casa y le niegan su calidad de víctima y no toma en cuenta la Ley de Desaparición Forzada”.
