La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó la invalidez de la Ley de Seguridad Interior, tomando en cuenta diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por organizaciones de la sociedad civil, académicos y expertos en la materia, entre las cuales destacaron la realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí participó.
El ombudsman Jorge Andrés López Espinosa dijo que “lLa invalidez decretada por la SCJN ratifica la necesidad de que la seguridad pública y la participación temporal de las Fuerzas Armadas se sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo las intervenciones militares y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en ese campo”.
Desde que se llevó a cabo el debate sobre esta Ley, Derechos Humanos se sumó a puntualizar la necesidad de trabajar en la profesionalización de las instituciones de seguridad civiles para que éstas cumplan con la función de prevenir los actos delictivos apegándose en todo momento en el respeto de los derechos humanos.
López Espinosa expresó que es un gran aliciente el haber contribuido con la CNDH en esta acción de inconstitucionalidad y que se haya logrado el objetivo con el fin de seguir en la lucha por lograr una cultura de paz en nuestro país.