/ domingo 19 de enero de 2020

Autoridades listas para proteger programas de intereses electorales

La Secretaría del Bienestar y la FEPADE anuncian acciones para evitar corrupción; los ciudadanos pueden denunciar

Ante el inicio del proceso electoral 2020-2021 en Septiembre de este año, la implementación de los programas federales debe estar ajena a intereses partidistas, por lo que la Secretaría del Bienestar anuncio el blindaje electoral de sus acciones y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales invitó a la ciudadanía a que denuncie cualquier irregularidades.

A través de diversas estrategias de comunicación, la FEPADE puso en marcha su programa de información a la ciudadanía en general, invitado a que denuncie de inmediato cualquier condicionamiento que se le imponga para poder recibir el beneficio de un programa social.

Sin embargo, será hasta que inicie formalmente el proceso electoral cuando se puedan tipificar los delitos electorales que son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.

¿Quiénes pueden cometer delitos electorales?. Cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso. Estas conductas están contenidas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos.

En el ámbito Federal, la FEPADE es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar tus derechos.

La Secretaría del Bienestar que es la que opera la mayor parte de los programas federales, dio a conocer desde el año pasado su Programa de Blindaje Electoral (PBE) es una política pública que, a través de la transparencia y la rendición de cuentas, tiene por objeto dar certeza a la sociedad respecto a las acciones institucionales de la Secretaría de Bienestar sobre el uso y operación de los programas sociales y recursos públicos durante los comicios, con el fin de evitar que los mismos sean utilizados con fines político-electorales.

De acuerdo con los mandatos constitucionales y legales, la política de blindaje protege la integridad del proceso electoral y busca impedir el uso inadecuado de los programas sociales, a efecto de no vulnerar el principio de imparcialidad durante los comicios, a través de los siguientes objetivos:

  • 1) Prevenir que los recursos públicos que se destinan a los programas sociales a cargo del sector no sean utilizados con fines electorales
  • 2) Cumplir con la obligación de suspender propaganda gubernamental, para dar cumplimiento al mandato constitucional que prohíbe la difusión de la misma durante el tiempo que duren las campañas
  • 3) Inhibir que los servidores públicos incurran en violaciones administrativas, electorales o penales, mediante la implementación de acciones preventivas y operación institucional

Lo anterior, mediante la aplicación de los principios constitucionales que rigen el servicio público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; para así, combatir la corrupción e incentivar la transparencia y la rendición de cuentas.

Ante el inicio del proceso electoral 2020-2021 en Septiembre de este año, la implementación de los programas federales debe estar ajena a intereses partidistas, por lo que la Secretaría del Bienestar anuncio el blindaje electoral de sus acciones y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales invitó a la ciudadanía a que denuncie cualquier irregularidades.

A través de diversas estrategias de comunicación, la FEPADE puso en marcha su programa de información a la ciudadanía en general, invitado a que denuncie de inmediato cualquier condicionamiento que se le imponga para poder recibir el beneficio de un programa social.

Sin embargo, será hasta que inicie formalmente el proceso electoral cuando se puedan tipificar los delitos electorales que son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.

¿Quiénes pueden cometer delitos electorales?. Cualquier persona, funcionarios electorales, funcionarios partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso. Estas conductas están contenidas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos.

En el ámbito Federal, la FEPADE es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar tus derechos.

La Secretaría del Bienestar que es la que opera la mayor parte de los programas federales, dio a conocer desde el año pasado su Programa de Blindaje Electoral (PBE) es una política pública que, a través de la transparencia y la rendición de cuentas, tiene por objeto dar certeza a la sociedad respecto a las acciones institucionales de la Secretaría de Bienestar sobre el uso y operación de los programas sociales y recursos públicos durante los comicios, con el fin de evitar que los mismos sean utilizados con fines político-electorales.

De acuerdo con los mandatos constitucionales y legales, la política de blindaje protege la integridad del proceso electoral y busca impedir el uso inadecuado de los programas sociales, a efecto de no vulnerar el principio de imparcialidad durante los comicios, a través de los siguientes objetivos:

  • 1) Prevenir que los recursos públicos que se destinan a los programas sociales a cargo del sector no sean utilizados con fines electorales
  • 2) Cumplir con la obligación de suspender propaganda gubernamental, para dar cumplimiento al mandato constitucional que prohíbe la difusión de la misma durante el tiempo que duren las campañas
  • 3) Inhibir que los servidores públicos incurran en violaciones administrativas, electorales o penales, mediante la implementación de acciones preventivas y operación institucional

Lo anterior, mediante la aplicación de los principios constitucionales que rigen el servicio público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; para así, combatir la corrupción e incentivar la transparencia y la rendición de cuentas.

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