/ jueves 14 de marzo de 2019

Atienden en el Congreso del Estado a habitantes del Ejido La Palma en Tamuín

Expusieron la problemática que viven desde hace décadas por el funcionamiento de dos plantas termoeléctricas y una cementera

Autoridades del ejido “La Palma” en el municipio de Tamuín fueron atendidas por el presidente de la Comisión del Agua, diputado Mario Lárraga Delgado y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos diputado Pedro César Carrizales Becerra, ante quienes expusieron la problemática que viven desde hace décadas por el funcionamiento de dos plantas termoeléctricas y una cementera.

Pidieron la intervención del Congreso del Estado para que las autoridades federales, estatales y municipales, lleven a cabo acciones que impidan el funcionamiento de esas empresas y les restituyan las tierras y el agua que son de su propiedad, ya que durante años han sido ignorados y “lo único que nos han dado son órdenes de aprehensión”.

Los inconformes dijeron que además de la grave contaminación de ríos, mantos freáticos y medio ambiente, fueron despojados de sus tierras por las grandes empresas que pertenecen a particulares extranjeros y que no dejan ningún beneficio para los habitantes, pues al contrario, no reciben programas sociales ni respaldo oficial de ninguna índole.

El apoderado general Ernesto Vázquez Torres acompañado de la presidenta del comisariado ejidal Nora Elena González, así como sus abogados y habitantes de la zona, señalaron que en 1963 les fueron expropiadas por causa de utilidad pública un total de 1,266 hectáreas, de las cuales, con el pretexto de crear el corredor industrial de Tamuín.

La verdad es que les fueron entregadas a empresarios estadounidenses para instalar dos termoeléctricas y después se expropiaron otras 800 hectáreas para la instalación de la empresa cementera, a fin de que pudiera extraer la piedra. Nunca hubo utilidad pública y se violaron los ordenamientos legales, al entregar a extranjeros las inversiones.

“En todos estos años de lucha lo único que hemos recibido es cárcel, persecución, humillación e indiferencia a nuestras exigencias, hemos estado en la cárcel, nos reprimen, y nosotros no queremos que nos den la razón, solamente que atiendan nuestras demandas y se actúe en consecuencia”, apuntó el apoderado general.

Denunciaron que los desechos industriales van a parar al rio Tampaón, “están derrochando toda el agua cuando nosotros no tenemos en las casas, pero además la contaminan, hay casos de cáncer y de otras enfermedades, pero ninguna autoridad nos escucha, es la primera vez que el Congreso del Estado nos abre sus puertas para que podamos exponer la problemática”.

El presidente de la Comisión del Agua diputado Mario Lárraga dijo que la presidenta municipal de Tamuín puede actuar, revisando los permisos y licencias de funcionamiento de las empresas y verificar que todo se encuentre en orden, “la situación ya no es como antes y nos comprometemos a revisar el caso”.

Autoridades del ejido “La Palma” en el municipio de Tamuín fueron atendidas por el presidente de la Comisión del Agua, diputado Mario Lárraga Delgado y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos diputado Pedro César Carrizales Becerra, ante quienes expusieron la problemática que viven desde hace décadas por el funcionamiento de dos plantas termoeléctricas y una cementera.

Pidieron la intervención del Congreso del Estado para que las autoridades federales, estatales y municipales, lleven a cabo acciones que impidan el funcionamiento de esas empresas y les restituyan las tierras y el agua que son de su propiedad, ya que durante años han sido ignorados y “lo único que nos han dado son órdenes de aprehensión”.

Los inconformes dijeron que además de la grave contaminación de ríos, mantos freáticos y medio ambiente, fueron despojados de sus tierras por las grandes empresas que pertenecen a particulares extranjeros y que no dejan ningún beneficio para los habitantes, pues al contrario, no reciben programas sociales ni respaldo oficial de ninguna índole.

El apoderado general Ernesto Vázquez Torres acompañado de la presidenta del comisariado ejidal Nora Elena González, así como sus abogados y habitantes de la zona, señalaron que en 1963 les fueron expropiadas por causa de utilidad pública un total de 1,266 hectáreas, de las cuales, con el pretexto de crear el corredor industrial de Tamuín.

La verdad es que les fueron entregadas a empresarios estadounidenses para instalar dos termoeléctricas y después se expropiaron otras 800 hectáreas para la instalación de la empresa cementera, a fin de que pudiera extraer la piedra. Nunca hubo utilidad pública y se violaron los ordenamientos legales, al entregar a extranjeros las inversiones.

“En todos estos años de lucha lo único que hemos recibido es cárcel, persecución, humillación e indiferencia a nuestras exigencias, hemos estado en la cárcel, nos reprimen, y nosotros no queremos que nos den la razón, solamente que atiendan nuestras demandas y se actúe en consecuencia”, apuntó el apoderado general.

Denunciaron que los desechos industriales van a parar al rio Tampaón, “están derrochando toda el agua cuando nosotros no tenemos en las casas, pero además la contaminan, hay casos de cáncer y de otras enfermedades, pero ninguna autoridad nos escucha, es la primera vez que el Congreso del Estado nos abre sus puertas para que podamos exponer la problemática”.

El presidente de la Comisión del Agua diputado Mario Lárraga dijo que la presidenta municipal de Tamuín puede actuar, revisando los permisos y licencias de funcionamiento de las empresas y verificar que todo se encuentre en orden, “la situación ya no es como antes y nos comprometemos a revisar el caso”.

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