/ viernes 14 de septiembre de 2018

Asociación señala a SLP como uno de los estados que criminaliza a la mujer

El tema del aborto pudiera tener cambios en cuanto a su tratamiento en materia penal

El tema del aborto pudiera tener cambios en cuanto a su tratamiento en materia penal con la próxima administración federal, reconoció Juan Paulo Almazán Cue, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

De acuerdo al informe “Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México”, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), San Luis Potosí es uno de los estados en donde se ha sentenciado a mujeres por abortar, incluso si es de manera involuntaria.

Cuestionado al respecto, el magistrado presidente del Poder Judicial indicó que en el Código Penal del estado el aborto sí está tipificado como delito, aunque se marcan tres excluyentes que son: cuando la acción no es resultado de una acción culposa de la mujer embarazada; si el embarazo es resultado de un delito de violación o inseminación indebida; y cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte si no se provoca el aborto.

DATO: El Código Penal del estado establece que “A la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de veinte a sesenta días de salario mínimo”

Almazán Cue indicó que si bien se han tenido pocos asuntos relacionados con aborto, sí se han presentado, y agregó que la penalidad que se establece para el delito de aborto, permite un procedimiento abreviado y suspensión condicional de la pena, así como otros beneficios que contempla el sistema penal.

Reconoció que el tema del aborto ha sido muy discutido, e incluso se ha abordado en la Suprema Corte de Justicia, por lo que no descartó que ahora que se genere el cambio de administración federal, haya un pronunciamiento respecto a si continuará viéndose como delito.

Indicó que por su parte, “el Poder Judicial atenderá lo que el contexto nacional y local marca en ese sentido”, de manera que si actualmente se tipifica como delito, así es abordado.

Además señaló que el Poder Judicial tiene una capacitación constante en materia de género al personal, de manera que los jueces lleven los asuntos con apego a la ley y no en base a ideologías, “tenemos bastante capacitación en el tema de género, este año van 6 capacitaciones, sí estamos capacitando al Poder Judicial para que atienda los asuntos en un plano de igualdad”.

El tema del aborto pudiera tener cambios en cuanto a su tratamiento en materia penal con la próxima administración federal, reconoció Juan Paulo Almazán Cue, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

De acuerdo al informe “Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México”, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), San Luis Potosí es uno de los estados en donde se ha sentenciado a mujeres por abortar, incluso si es de manera involuntaria.

Cuestionado al respecto, el magistrado presidente del Poder Judicial indicó que en el Código Penal del estado el aborto sí está tipificado como delito, aunque se marcan tres excluyentes que son: cuando la acción no es resultado de una acción culposa de la mujer embarazada; si el embarazo es resultado de un delito de violación o inseminación indebida; y cuando la mujer embarazada corra peligro de muerte si no se provoca el aborto.

DATO: El Código Penal del estado establece que “A la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar se le impondrá una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de veinte a sesenta días de salario mínimo”

Almazán Cue indicó que si bien se han tenido pocos asuntos relacionados con aborto, sí se han presentado, y agregó que la penalidad que se establece para el delito de aborto, permite un procedimiento abreviado y suspensión condicional de la pena, así como otros beneficios que contempla el sistema penal.

Reconoció que el tema del aborto ha sido muy discutido, e incluso se ha abordado en la Suprema Corte de Justicia, por lo que no descartó que ahora que se genere el cambio de administración federal, haya un pronunciamiento respecto a si continuará viéndose como delito.

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