Hasta el momento la Auditoría Superior del Estado (ASE) no ha presentado ninguna denuncia penal en contra de servidores públicos por irregularidades en sus cuentas públicas 2017, ya que todavía tienen la oportunidad de presentar pruebas para comprobar las observaciones, dijo la titular Rocío Cervantes Salgado.
Una vez que los legisladores aprueben los informes de auditoría de los 113 entes que les fueron turnados, se abre un periodo de 30 días para el desahogo final de pruebas antes de que queden firmes los resultados y entonces, se podrán fincar sanciones y en los casos que se amerite, presentarlas denuncias correspondientes.
Expuso que en el caso de las investigaciones al gasto de Gestoría Institucional de los diputados de la LXI Legislatura, solamente se revisó el 2017 y se hicieron las observaciones pertinentes, “nosotros no podemos revisar otras cuentas públicas porque son ejercicios cerrados y debemos apegarnos a la ley”.
Ante la exigencia de algunas organizaciones sociales para que se haga una investigación a fondo del totalidad del recursos aplicado por los legisladores, Cervantes Salgado dijo que la muestra auditada es parte del análisis y estudio que se realizó y si alguien pide una investigación adicional, deberá seguir los causes legales porque para la ASE ya es caso cerrado.
En términos generales, consideró que la Auditoría Superior del Estado llevó a cabo un buen ejercicio de fiscalización sobre las cuentas 2017, porque la ley le da tiempo a los entes para que corrijan las situaciones que presuman una conducta errónea, de tal suerte que se ha logrado avanzar en el tema.
Cervantes Salgado añadió que en el caso de la auditoría al ayuntamiento de Ebano del ejercicio fiscal 2016 que se tendrá que realizar nuevamente, se está calendarizando para iniciar en octubre paralelamente con la revisión de 2018, ya que es un trabajo que se lleva unos seis meses y en este momento la ASE tiene mucho trabajo ya que pronto empezarán los procesos de entrega recepción de los ayuntamientos.
