Ampliarán plazo de vida de autobuses urbanos

Los permisionarios del transporte urbano no tienen recursos para renovar la flotilla de autobuses con 10 años de antigüedad como lo obliga la ley, por lo que el Congreso del Estado reformará los ordenamientos necesarios a fin de ampliar cinco años más el llamado tiempo de vida de las unidades.

Así lo adelantó la diputada Alejandra Valdés Martínez presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes tras reunirse con líderes de las diversas líneas del transporte público, al añadir que la situación es realmente grave porque debido a la pandemia, el sector atraviesa una crisis económica.

“Es imposible que renueven sus unidades que están por cumplir su ciclo permitido por la ley y tampoco se les puede autorizar un incremento a las tarifas del transporte urbano en el 2021 más allá de lo que establece la fórmula legal, por lo que lo único que se puede hacer es modificar la ley para darles una prórroga de cinco años a la vida de sus unidades, ya que este año adquirieron 33 nuevos vehículos cuyos créditos no tienen manera de pagarlos”.

Dio a conocer que también se está armonizando la Ley de Movilidad federal con las leyes locales, ya que implica una reforma constitucional, de tal manera que la legisladora Alejandra Valdés conminó a sus compañeros de comisión Rolando Hervert Lara, Martín Juárez Córdoba y Mario Lárraga Delgado a que se adhieran a estos trabajos para lograr la armonización a la brevedad posible.

Integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes aprobaron dictámenes que proponen reformas a la Ley de Tránsito del Estado, para establecer los casos específicos en que los elementos de Tránsito Municipal y de Seguridad Pública del Estado pueden retener placas, tarjetas de circulación y licencias de conducir o arrastrar e inmovilizar vehículos.

Se desechó por improcedente la minuta de la LXI Legislatura que expedía la Ley que Regula el Aseguramiento, Disposición y Administración de Vehículos Automotores Abandonados del Estado, porque era una ley que forma parte de la competencia de Código Civil, por lo que resultó pertinente el dictamen de la comisión de Hacienda, tras conocer los argumentos enviados por el titular del Poder Ejecutivo.