El diputado Mauricio Ramírez Konishi, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, se pronunció en contra de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por la que se integra, entre otras modificaciones, la figura de delegados estatales adscritos a la Secretaría de Bienestar Social, que suplirá a la Secretaría de Desarrollo Social.
Dijo que con esta designación, “lo que se busca con la designación de los súper delegados es el control absoluto de todo el quehacer público, expresado en los estados, en una primera instancia, para luego llevar agua al molino electoral. Además, éstos súper delegados ocuparán las secretarias técnicas de los Consejos Estales de Seguridad y tendrán el control de los programas”.
Agregó que “no estamos a favor, ni aprobaremos nunca una autoridad intermedia entre la federación, el estado y los municipios. El fondo de estas reformas, responden a intereses político electorales y de concentración de poder, de cara a los comicios de 2021 y 2024; es decir, hacer actos anticipados de campaña y utilizar recursos públicos para ir construyendo precandidatos, quienes serán los candidatos en el 2021”.
Destacó que el Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado no comparte las reformas y modificaciones propuestas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya que no contribuyen a mejorar las condiciones de vida del país, sino por el contrario, entorpecen el adecuado funcionamiento del Gobierno para instrumentar políticas públicas.
“Nuestra responsabilidad es no acompañar este tipo de incongruencias porque no le sirven al país, en esta propuesta de reforma observamos serias violaciones al federalismo”.
Con estas reformas, manifestó, se establece además, la centralización de facultades en el Poder Ejecutivo, se brindan atribuciones desmedidas de evaluación y control para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y poderes excesivos para los delegados estatales y para la Oficina de la Presidencia de la República.
Se crea la Secretaría de Seguridad, separándola de la Secretaría de Gobernación; las funciones del Cisen pasan ahora a la policía.
La Secretaría de Hacienda será la encargada de la planeación y conducción de la política en materia de contrataciones públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios, obras públicas, así como también funciones que venía desempeñando la Secretaría de la Función Pública.
Desaparecen las oficialías mayores de las secretarías, para depender ahora de Hacienda; las actuales oficialías mayores de las secretarías de Estado y otras dependencias de la Administración Federal se transforman en unidades administrativas y sus titulares serán designados por el secretario de Hacienda.
Se transforma la Secretaría de Desarrollo Social, a la de Bienestar, y Sagarpa cambia a Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Agregó que estas modificaciones tienen que pasar aún por la Cámara de Senadores, por lo cual “tenemos la convicción y el compromiso ético, moral y político, de señalar las cosas que nos parecen que son insuficientes, incongruentes, inaplicables, o que trastocan la vida de la República Federal, alterando la vida y la relación entre la federación, el estado y los municipios”.
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