/ jueves 28 de noviembre de 2019

Alcaldesa de Villa de Reyes podría ser destituida

No ha cumplido una sentencia del TEJA que la obliga a indemnizar a familiares de una persona asesinada por policías municipales hace cinco años.

La presidenta municipal de Villa de Reyes, Erika Briones Pérez podría ser sometida a juicio político y destituída de su cargo por el Congreso del Estado, en caso de que se siga negando a pagar una indemnización a familiares de una persona que falleció víctima de abuso de autoridad por parte de policías municipales hace cinco años.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) notificó al Congreso del Estado en julio de este año, que la alcaldesa no cumplió la sentencia y procedía su destitución, sin embargo, el Poder Legislativo hará esfuerzos de negociación entre las partes, para evitar el largo proceso jurídico.

Los presidentes de las comisiones de Gobernación diputado Mauricio Ramírez Konishi y de Justicia diputado Rubén Guajardo Barrera, atendieron a ciudadanos que se manifestaron en el Poder Legislativo exigiendo el cumplimiento de la sentencia.

Erika Briones Pérez | Foto: Daniel Esquivel

Los legisladores buscarán entablar un diálogo con la presidenta municipal Erika Briones para revisar la posibilidad de firmar un convenio, que garantice el pago de alrededor de 2.5 millones de pesos a los familiares de la víctima, como lo señala la sentencia de la autoridad jurisdiccional emitida en su momento.

El abuso de autoridad que le costó la vida a una persona ocurrió hace cinco años, de tal manera que a raíz de la sentencia de la TEJA, la anterior administración municipal hizo un pago de 200 mil pesos y la actual también a emitido diversos depósitos, sin embargo, las sumas han sido insuficientes y eso orilló a que se notificara al Congreso del Estado del incumplimiento de la autoridad y se le instruye que actúe en consecuencia.

El diputado Mauricio Ramírez Konishi señaló que antes de proceder a integrar una comisión jurisdiccional para llevar a cabo un juicio político contra la autoridad municipal, se van a agotar las etapas de conciliación a fin de que se cumpla con el pago y las personas reciban el recurso que tienen a su favor, como lo han dictaminado los tribunales.

La presidenta municipal de Villa de Reyes, Erika Briones Pérez podría ser sometida a juicio político y destituída de su cargo por el Congreso del Estado, en caso de que se siga negando a pagar una indemnización a familiares de una persona que falleció víctima de abuso de autoridad por parte de policías municipales hace cinco años.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) notificó al Congreso del Estado en julio de este año, que la alcaldesa no cumplió la sentencia y procedía su destitución, sin embargo, el Poder Legislativo hará esfuerzos de negociación entre las partes, para evitar el largo proceso jurídico.

Los presidentes de las comisiones de Gobernación diputado Mauricio Ramírez Konishi y de Justicia diputado Rubén Guajardo Barrera, atendieron a ciudadanos que se manifestaron en el Poder Legislativo exigiendo el cumplimiento de la sentencia.

Erika Briones Pérez | Foto: Daniel Esquivel

Los legisladores buscarán entablar un diálogo con la presidenta municipal Erika Briones para revisar la posibilidad de firmar un convenio, que garantice el pago de alrededor de 2.5 millones de pesos a los familiares de la víctima, como lo señala la sentencia de la autoridad jurisdiccional emitida en su momento.

El abuso de autoridad que le costó la vida a una persona ocurrió hace cinco años, de tal manera que a raíz de la sentencia de la TEJA, la anterior administración municipal hizo un pago de 200 mil pesos y la actual también a emitido diversos depósitos, sin embargo, las sumas han sido insuficientes y eso orilló a que se notificara al Congreso del Estado del incumplimiento de la autoridad y se le instruye que actúe en consecuencia.

El diputado Mauricio Ramírez Konishi señaló que antes de proceder a integrar una comisión jurisdiccional para llevar a cabo un juicio político contra la autoridad municipal, se van a agotar las etapas de conciliación a fin de que se cumpla con el pago y las personas reciban el recurso que tienen a su favor, como lo han dictaminado los tribunales.

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