Ayuntamientos “nadan de a muertito” y no le entran a resolver el problema de la seguridad, aunque la Constitución los obliga a intervenir, señaló el ex procurador y diputado Cándido Ochoa Rojas.
Tras las ejecuciones, asaltos y un linchamiento registrados en la capital del estado en los últimos días, el legislador recordó que es la Policía Municipal el primer respondiente y “se deben poner las pilas, que trabajen y cumplan su responsabilidad”.
Ya es hora de que se ocupen de la obligación constitucional de dar seguridad a los ciudadanos, a eso están obligados por ley los presidentes municipales, pero “nadan de a muertito” y dejan de actuar”.
Asimismo luego de que se reportara el linchamiento de un presunto agresor, el diputado Cándido Ochoa Rojas consideró que esto es un llamado de atención para las autoridades para reforzar las acciones de seguridad en el estado y brindar la atención a la ciudadanía.
Indicó que principalmente, las policías municipales deben integrar un mejor protocolo de atención, ya que es una responsabilidad de las presidencias municipales el brindar seguridad pública a la población.
En relación a lo informado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre el número de quejas en contra de la Fiscalía General del Estado, señaló que es un llamado de atención para que las acciones de procuración de justicia se lleven a cabo respetando siempre las garantías y los derechos fundamentales de los inculpados.
Señaló que es un fenómeno propio de transición de un sistema de justicia a otro, “del sistema tradicional de investigación, donde se utilizaba más la fuerza que la ciencia y la investigación y, que hoy tienen que atender estas instituciones, tienen que entender empezando por su titular, que el esclarecimiento de los hechos se hace a través de pruebas científicas, a través de investigaciones documentadas por parte de los ahora detectives que antes eran los policías ministeriales y que se ocupaban más de utilizar la fuerza que la inteligencia o la investigación”.
Manifestó que se va a analizar de manera completa el informe presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para hacer las valoraciones necesarias de manera que se puedan establecer las correcciones necesarias.
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