Activistas piden a diputados tipificar los delitos de odio

En San Luis Potosí se han presentado crímenes de odio que han culminado en situaciones como una persona quemada viva, otra desollada o una apuñalada más de 60 veces, por lo que activistas e instituciones, hicieron un llamado a los diputados locales para aprobar la iniciativa que busca tipificar los delitos de odio.

El 11 de diciembre de 2020, activistas y asociaciones civiles presentaron una iniciativa de reforma al artículo 186 del Código Penal, para tipificar los delitos de odio como un crimen autónomo; dicha iniciativa ya fue aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado y está por presentarse al Pleno para su votación, por lo que los impulsores hicieron un llamado a los diputados locales para que "voten a favor de la dignidad y los derechos humanos".

Andrés Costilla Castro, presidente de la asociación Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA, destacó que esta iniciativa busca sancionar los delitos que van en contra de las libertades, por lo que beneficiará a toda la población, pues incluye delitos por razones de edad, ideología, religión, identidad sexual, origen étnico, entre otros; además contempla delitos en tres modalidades: daño a las cosas, lesiones o privación de la vida.

Manifestó que en el caso de la comunidad LGBT+ en los últimos cinco años se han presentado al menos cinco crímenes de odio que culminaron en una muerte violenta para las víctimas, mencionó por ejemplo el caso de un médico del ISSSTE que fue desollado, otro de un joven golpeado por más de 20 personas afuera de un antro, otro de una adolescente trans asesinada brutalmente, y el de un médico de la comunidad El Barrilito que fue quemado vivo.

Señaló que al interior del estado hay más delitos de este tipo, sin embargo no hay denuncias porque la gente no está informada, o "muchas veces por temor o vergüenza la gente se caya".

Actualmente, el odio es un agravante en otros delitos, "pero no es suficiente para dar justicia a las víctimas y a sus familias, por eso se busca que sea un delito autónomo". La propuesta contempla que para el homicidio por razón de odio, se apliquen sanciones de 20 a 50 años de prisión.

La iniciativa cuenta con la opinión técnica de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y el Poder Judicial del estado, instituciones que se sumaron al llamado para que sea aprobada por los legisladores locales.