El Consejo Potosino de Abogados (CPA) de San Luis Potosí condenó enérgicamente la forma en que actuaron elementos de la Policía del Ayuntamiento de la capital para desalojar a la oficial del registro civil María Teresa Carrizales.
“Reprobamos esa ilícita acción y exigimos se investigue de forma inmediata hasta sus últimas consecuencias, a efecto de que se haga justicia tanto en contra del autor intelectual como de los policías que intervinieron en los hechos que deben ser castigados con todo el rigor que la ley imponga”.
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En voz de su presidente, José Ramón Reyna Estrada, el gremio de la abogacía se dijo indignado por el trato que recibió su homóloga: “violentaron las reglas del procedimiento, no existió un mandamiento de una autoridad competente para realizar el desalojo”.
Aunado a lo anterior, mencionó: “con sus conductas cometieron diversos actos considerados como posibles delitos, entre éstos abuso de autoridad y asociación delictuosa además de que quebrantaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia”.
Destacó que de manera independiente a si hubo o no alguna orden o petición para que entregara el cargo, no era necesario el uso de la fuerza pública, “en primer lugar, porque se trata de una mujer y sobre todo porque es una abogada”.
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