En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) denunció a 515 funcionarios por presuntos actos de corrupción, contrabando, tráfico de influencias y otros delitos.
Se trata de 313 trabajadores operativos y 202 de mandos medios como directores de área, subdirectores o jefes de unidad, de los cuales 296 fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el resto ante el Órgano Interno de Control (OIC).
En respuesta a una solicitud de transparencia hecha por El Sol de México, el SAT detalló que de las 296 denuncias presentadas ante la FGR, 122 están en proceso de integración y 174 fueron concluidas.
Los principales delitos cometidos son por la impresión ilegal de comprobantes, falsificación de documentos en general, ejercicio ilícito del servicio público, acceso ilícito a sistemas, así como trámites relacionados con el RFC.
Entre los probables implicados hay personal de las administraciones generales de Aduanas, Grandes Contribuyentes, Recaudación, Servicios al Contribuyente, al igual que de las de Evaluación, Jurídica y de Comercio Exterior. Sin embargo, el SAT argumentó que dar el nombre de los presuntos responsables no sólo podría entorpecer el caso, sino que se dañaría su “honor y respeto como servidor público”.
“Podría implicar su exposición al odio, desprecio o ridículo, en demérito de su reputación y dignidad. El vincular el nombre de una persona sujeta a un procedimiento penal, vulneraría la protección de su intimidad, honor, imagen y presunción de inocencia”, dice el SAT.
Juvenal Lobato Díaz, profesor de Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó el hecho de que no existan denuncias contra altos mandos del SAT, ya que rompe la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de erradicar la corrupción en todas las áreas y niveles del gobierno.
Sobre el bajo número de resoluciones por parte de la FGR, consideró que obedece a los procesos de investigación que se deben seguir o porque algún acusado presentó un amparo o recurso de defensa. Recordó que las sanciones se imponen de acuerdo a la gravedad del delito, por lo que no necesariamente todos los funcionarios acusados son inhabilitados para laborar en el ámbito público. Por ejemplo, en caso de que la denuncia sólo haya sido ante el OIC hay amonestaciones o suspensiones administrativas, pero cuando escala ante la FGR las penas van desde resarcimiento de los daños hasta la privación de la libertad.
De acuerdo con el SAT, de enero de 2020 a marzo de 2024, sólo 37 servidores públicos han sido sentenciados con penas que van desde trabajo comunitario por nueve meses, multas hasta por más de 46 mil pesos, así como entre seis meses y cuatro años de prisión.
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Juan Pacheco del Río, socio director del despacho De la Paz-Costemalle, consideró que exhibir funcionarios y prácticas deshonestas, funciona para disuadir a los potenciales actores de las consecuencias por excederse en sus facultades y tomar provecho personal.
“El grado de impunidad que existe en México es escandaloso. La denuncia por el SAT de corrupción e individualizarlo debería ayudar a disminuir este cáncer”, detalló
En octubre de 2021, ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, la entonces titular del SAT, Raquel Buenrostro, reconoció que en el organismo había actos de corrupción. Según Buenrostro, por lograr el cobro de adeudos fiscales de grandes empresas como Walmart o BBVA México, se habían cesado a uno de cada diez trabajadores y existían más de tres mil denuncias al respecto en la FGR.
Posteriormente, en enero de 2022, aseguró que el organismo estaba elaborando una “lista de transparencia” para dar a conocer “con nombre y apellido” a los servidores públicos denunciados en los últimos años por actos de corrupción. Esta supuesta lista nunca vio la luz, pues en octubre de ese año Buenrostro llegó a la Secretaría de Economía (SE) en sustitución de Tatiana Clouthier. Desde entonces, el SAT quedó a cargo de Antonio Martínez Dagnino.
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Sin embargo, a finales de ese mes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó al SAT a dar información sobre las denuncias presentadas en contra de su personal por actos de corrupción.
La instrucción del Inai estaba dirigida para que el fisco precisara en cada caso la fecha en que se presentó la denuncia, detallando nombre y cargo del sujeto, el delito, al igual que el hecho o asunto que provocó la acusación.
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