El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) refirió que la decisión del Congreso de Oaxaca de prohibir la venta de alimentos y bebidas preenvasadas a menores de edad no genera soluciones al problema de obesidad infantil y, además, daña a la cadena de valor de la industria.
Este miércoles, el Congreso de Oaxaca prohibió la la venta, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico.
“Esta medida, además de no generar acciones reales para atacar el problema de raíz, daña a las cadenas de valor en plena crisis de pandemia, en particular a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de estos productos”, indicó el CCE en un comunicado.
El organismo privado añadió que debido a que la disposición sólo se concentra en productos envasados, generará una competencia desleal y fomentará el comercio informal, afectando la salud de los consumidores y también a miles de familias que dependen de la producción, venta y distribución de estos productos.
Éste no es el primer conflicto entre industria y autoridades por los alimentos procesados. Hace poco más de dos semanas, productores de refrescos alzaron la voz en contra de las declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien calificó a sus productos como “veneno embotellado”.
El funcionario señaló a la industria refresquera como una de las responsables de la epidemia de obesidad y sobrepeso que aqueja al país y que ha complicado la situación de la pandemia de Covid-19 que ha contagiado a casi 50 mil mexicanos.
Además, desde finales del año pasado el sector empresarial se embarcó en una discusión con el gobierno federal por las nuevas reglas de etiquetado de productos preenvasados.
De acuerdo con el CCE, más que llegar a la prohibición en la venta de productos México requiere contar con una política pública integral de salud donde se incentive la actividad física, hábitos de vida saludable y se cuente con la información necesaria para la toma de decisiones.
“Hacemos un llamado a las autoridades estatales y federales a establecer un verdadero diálogo para atender los problemas de salud de la población, que busque soluciones integrales, basadas en evidencia y sin afectar las economías regionales y el sustento de las millones de familias mexicanas”, indicó el organismo.
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