La Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería (Ammpac) calificó de anticompetitiva la iniciativa planteada en la Cámara de Diputados para reformar la Ley del Servicio Postal Mexicano, para que como parte del plan de austeridad del próximo gobierno los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sólo contraten los servicios de mensajería y paquetería del Servicio Postal Mexicano.
Al respecto, la asociación consideró que el proyecto implica cerrar a la iniciativa privada el mercado de servicios de mensajería y paquetería que solicita el gobierno.
Según información oficial disponible en Transparencia Presupuestaria, las entidades del sector público tienen en ejecución 83 contratos para la prestación del servicio de mensajería y paquetería por un monto de 51.3 millones de pesos.
Del total, 34 contratos son con Sepomex, el monto de estos representa apenas 4.7 millones de pesos y el resto son contratos con DHL, Estafeta y RedPack.
La propuesta de reforma al artículo 4o de la Ley del Servicio Postal Mexicano fue presentada por la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.
Al respecto, Sepomex respondió vía correo electrónico que "por ahora no habrá pronunciamiento hasta que la iniciativa adquiera el rango de ley".
El vocero de la Ammpac, Manuel Armendáriz Etchegaray, calificó la iniciativa como anticompetitiva, porque pretende cerrar un mercado que está abierto a la iniciativa privada y lo coloca como actividad que sólo puede ser atendida por el operador postal del Estado.
De acuerdo con Armendáriz Etchegaray, para los fines que persigue esa iniciativa tendría que reformarse el artículo 28 de la Constitución federal, donde está contemplada la legislación postal. Asimismo, consideró que la iniciativa contradice los Tratados de la Unión Postal Universal (UPU), ratificados prácticamente por todos los países y territorios del mundo, "ya que la UPU nace para atender el compromiso universal de un servicio de comunicación fundamental".
Señaló que los "servicios Courier" o "de mensajería y paquetería" son figuras reguladas por los Tratados de la UPU, que México ha ratificado, al igual que nuestros principales socios comerciales.
"La Suprema Corte los sitúa en la cúspide de la pirámide jurídica de nuestra legislación, junto con la Constitución Federal. Existe jurisprudencia, y la propuesta contradice no solo la Constitución sino los tratados de la UPU", por lo cual la iniciativa manda una mala señal , dijo Armendáriz Etchegaray.
