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Institucionalizando la Consulta Indígena

Por: Emiliano Bautista Martínez, Defensor de derechos indígenas

Columnista en Jefe: Ariadna Rincón Méndez

El artículo 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otorga el derecho a los pueblos indígenas de manera libre a “decidir sus propias prioridades en los procesos de desarrollo” así como en las acciones o políticas del gobierno que tienden a afectar sus “vidas, creencias, instituciones, vida espiritual y sus tierras”. Por ello, es importante señalar que laconsulta en el quehacer de un gobierno en territorio étnico, es algo eminentemente serio. Va más allá de un simple proceso de legitimación de las políticas públicas o teoremas antropológicos, sociológicos y de participación ciudadana. En la práctica,el propio Estado potosino (cuya legislación en esta materia, se considera la más avanzada del país), reconoceque la consulta en materia indígena, se cose aparte.

La consulta indígena, debe ser un proceso de consenso entre las comunidades afectadas sobre medidas legislativas y administrativas que el Estado pretende implementar, o bien, aquellas acciones, políticas y programas relacionados a la explotación de recursos naturales o del subsuelo donde habitan los pueblos originarios.La omisión a este proceso enel Plan de Desarrollo de San Luis, permitió entender los alcances de este derecho, pero a la vez; se pudo observar que un gobierno abierto no debería forzarse en asimilar que es necesario rediseñar o reformar la capacidad de atención a este sector, a fin de poder institucionalizar un instrumento que permita agilizar el cumpliendo con los prerrequisitos de representación y representatividad. La experiencia vivida en la pasada consulta indígena en comunidades Tenek, Náhuatl y Xi´iui, como ya mencionamos en una ocasión, dejó claro que debe converger tres aspectos: organizacional, normativo e institucional.

El primeroes el esquema de organización comunitaria y fundamental para la convivencia diaria, bajo ese mecanismo regulan así mismo, sus maneras de entender y vivir la vida. Las comunidades originarias se organizan al tenor de una autoridad suprema que es la Asamblea General Comunitaria, respetando siempre la cosmovisión de sus integrantes y manteniendo vivas sus tradiciones ancestrales. Lo normativo, de acuerdo a la libre determinación y autonomía,se refiere a los usos y costumbres tradicionales que prevalecen por encima de intereses personales de representantes comunitarios (Jueces, Comisariados, Tequihuas, Mayules, etc.).

Estas prácticas son muy comunes en las tres regiones del estado potosino, lo cual propició la promulgación de la Ley de Justicia Indígena, fortaleciendo así las instituciones gubernamentales y sus capacidades de atención inmediata, oportuna y sensible.

@AgendaJovenSLP