La semana pasada, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona perdió los estribos y echó “chingaos” cuando se refirió al hecho de que un alto porcentaje de presuntos culpables de los dos delitos con mayor incidencia en San Luis Potosí salieran pronto de la cárcel por el beneficio de recursos contenidos en la ley.
Ya dispone de la docilidad del Poder Legislativo y ahora parece que le atrae el Poder Judicial para tener las tres riendas del estado en sus manos. Las versiones oficiales en torno a los hechos que dieron pie a su exabrupto pueden ser discutibles, pero no son relevantes para lo que en realidad se esconde tras las afirmaciones del gobernador. La complacencia del Poder Judicial ante ciertas disposiciones de carácter personal es importante para aumentar su poder, valga la redundancia, de manera que un mandatario sin equilibrios siempre será objeto de censuras.
Una mirada a los datos ciertos de materia penal, la cual representa la mayoría de los asuntos que resuelve el Poder Judicial del Estado, importa porque con ellos es posible estimar si las afirmaciones del gobernador son ciertas o no. Un estudio reciente (2020) realizado por el INEGI respecto de esa estructura de castigo a los delincuentes nos señala que funcionan en México 19 penales federales y 251 centros estatales de encarcelamiento. San Luis Potosí no tiene un penal federal y solamente 7 son estatales. De estos 7, solamente uno se encuentra certificado por las instancias federales correspondientes con relación a sus condiciones de funcionamiento.
La capacidad de espacios para presuntos delincuentes en los siete centros penitenciarios estatales de San Luis es de 3,594, pero solamente se encuentran ocupados el 74 por ciento, es decir, 2,659 personas se encontraban recluidas en sus celdas en 2020.
Sin embargo, lo que importa es la dinámica entre el ingreso y el egreso de presuntos culpables. Durante 2020 se registraron 1,403 ingresos contra 1,199 egresos, lo que nos arroja un saldo de 204 personas que permanecieron encerradas más allá del 31 de diciembre del año en mención.
Como es fácil suponer, modificar la ley para conservar encerrados a los delincuentes es un verdadero reto financiero para nuestro gobierno y para la sociedad. Los delitos más cometidos en México, y en San Luis por supuesto, son el robo con un 33 por ciento de los denunciados, y el homicidio con el 18.9 por ciento. Sin una dinámica judicial que equilibre el volumen de la población penitenciaria en nuestro estado, fácilmente se rebasarían los 935 lugares que en 2020 estaban disponibles en los siete centros penitenciarios de nuestra entidad. Gallardo afirma que en lo que va de su gobierno, menos de un año, se detuvo a 500 personas de las que un 90 por ciento están de regreso en la calle, es decir, en los dos años que nos separan del estudio quizá nuestro sistema carcelario estría cerca del colapso.
Si el criterio del mandatario cobra fuerza y se concreta, ¿cuántas cárceles estatales serían necesarias?, ¿podríamos disponer de esos nuevos espacios debidamente equipados y operados para aplicar la severidad del encierro a cuanto personajes decida violar la ley?, ¿tendríamos el presupuesto disponible para darles de comer a, supongamos, 5 mil internos a los que también se les debe dar atención médica y medicinas, amén de tratamientos para eliminar adicciones, etcétera?
Un punto más. De la población encarcelada cuántos individuos son víctimas del sistema penal injusto porque no disponen de una defensa adecuada, pronta, eficiente, mientras que los económicamente fuertes entran y salen como en su casa. No todo, pues, debe ser castigo sobre castigo.
Evidentemente el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tiene ganas de mover las aguas sin estimar las consecuencias. Someter al Poder Judicial a su voluntad para tener concentrado el poder político del estado no va por ahí. Y si quiere revires del Poder Judicial Federal los puede tener, nomás que no está enterado ni siquiera de la cantidad de reos del ámbito federal que se encuentran en nuestros centros penitenciarios y se le olvida que en el pasado reciente los gobernadores que según él le dejaron una “herencia maldita” también pidieron al gobierno federal que construya un centro de internamiento federal en nuestra entidad o se lleve a sus enjuiciados a otra parte. Y no creo que lo logre porque esa no es prioridad de este sexenio ni de la 4T. Para cerrar a tono: Está cabrón.
EL AGUA, LÍQUIDO PRECIOSO
Ya no es cosa de manejar datos sino de revisar criterios. La disponibilidad de agua debe ser un regulador fundamental para el desarrollo urbano de San Luis Potosí. El organismo operador del sistema de agua en nuestra ciudad y en la parte conurbada de Soledad y Cerro de San Pedro, no tiene entre sus facultades ni siquiera emitir una opinión para que los respectivos cabildos autoricen nuevos fraccionamientos de cualquier nivel, pero sí enfrenta la obligación de surtirles agua sin pretexto que le valga.
Es muy difícil calcular la demanda insatisfecha de agua potable porque en este momento lo mismo falta en las colonias populares del norte que en las zonas caras del sur y poniente de la mancha urbana. Es como si, de pronto, se nos echaran a la cara todas las deficiencias que en el pasado reciente se cometieron desde el ayuntamiento de los municipios mencionados, al autorizar desarrollos inmobiliarios porque el cobro de permisos y derechos generados fueron y son todavía los ingresos más importantes para las arcas municipales, pues también dan causa al cobro del impuesto predial.
Resolver el problema del abasto de agua a la mancha urbana más grande de la entidad es asunto que debe concitar al gobierno federal, al estatal y por supuesto al municipal. No existe un plan o un proyecto que visualice con seriedad el tema. Ni idea tienen los funcionarios de la Conagua o de la Comisión Estatal del Agua de lo que es posible hacer. Pero tampoco buscan consejo entre los técnicos en hidráulica que investigan sobre la materia desde instituciones como la UASLP a través de sus carreras de geología, topografía hidráulica, del Instituto de Zonas Desérticas, etcétera, porque son incompetentes y no quieren que les hagan sombra, o no le ven el conveniente económico al tema.
Lo primero que deben saber los involucrados en el abasto de agua potable es la cantidad de líquido que nos falta. La broma macabra que encierra el anuncio frecuente de que “otra falla del acueducto de El Realito”, suena también a lavarse las manos para tratar de tranquilizarnos y ganar tiempo. Hombre, ¡qué carajos esperan para buscarle por otro lado!
Qué pueden hacer con las siguientes presas y manantiales. Las Golondrinas, la más cercana. La Muñeca de Tierranueva y el manantial de La Media Luna. Sus aportaciones podrían auxiliar a remediar la escasez de la capital. Si fuera necesario modificar aspectos legales de su uso, pudiera actuarse en función de la emergencia o en tanto la de El Realito sirve para algo más que para hacer corajes.
La última opción, como siempre, es que las presas de San José, El Potosí y El Peaje alcancen sus captaciones máximas en la ya cercana temporada de lluvias intensas y que, por favor, no la echen a rodar por el río Santiago porque esa es la más grave locura que puede cometer alguien en perjuicio de todos.
EL COTARRO POLÍTICO
Ricardo Gallardo Cardona le ha metido el acelerador a su trabajo y recorre varias veces el estado para llevar ayuda directa a la gente. Sin embargo, lo más importante es el renglón de obras que pone en marcha en cada visita porque, a fin de cuentas, es lo que le permitirá mejorar a la gente de los 58 municipios potosinos… Por cierto, parece que fue un arranque de caballo fino eso de elevar a municipio la delegación de Pozos y nadie ha vuelto a mencionar el tema misteriosamente… Mire usted, si alguien debe respetar las disposiciones de los reglamentos de tránsito federal y estatal son los choferes del transporte urbano y de personal en sus recorridos por la ciudad. Los frecuentes accidentes que protagonizan vehículos que transportan personal ameritan que los choferes paguen multas fuertes si quieren seguir en el servicio. O que les cancelen la licencia por un buen rato… Otra de vaqueros. Como no hay dinero para pagar a tantos elementos que vigilen nuestras calles, colonias o barrios, tanto el gobierno como el municipio deben invertirle a las cámaras de vigilancia, pero como una cosa seria porque lo que hizo Xavier Nava es de pena ajena… Familias de las comunidades de La Ventilla y San Miguel de Villa de Reyes fueron beneficiadas con la donación de filtros de agua para sus hogares, lo que permite tener mejor agua potable y mejor calidad de vida. Los filtros purificadores funcionan durante todo el día y generan 130 galones de agua limpia en 24 horas. Los donadores fueron las empresas BMW y Care 4 Water, informó la alcaldesa Érika Irazema Briones Pérez… Los diputados Edgar Anaya Escobedo y Mauricio Ramírez Konishi acudieron a las comunidades de Las Acamayas de San Martín Chalchicuautla y Los Zapotes de Tanlajás, como observadores en las asambleas de consulta sobre las modificaciones a la Ley Electoral, en relación con los derechos políticos de los pueblos indígenas y auto adscripción calificada. Los temas analizados son: justicia, la designación de jueces auxiliares, sus periodos; además de educación y cultura indígena; desarrollo económico con enfoque para pueblos indígenas, en la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado, y en materia de salud… Destacados universitarios estudian las razones por las que la titular de la Unidad de Evaluación y Control de la ASE, tiene tanto interés en que se audite a la casa de estudios potosina. De seguro le van a llover críticas y censuras. A ver si entiende… Entre tanto, el terrible Manolo acaba de sacarme tarjeta amarilla. Aquí le paro… HASTA LA PRÓXIMA.
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